Política Internacional

ESPAÑA "LEY MORDAZA"

J. Jiménez Gálvez

La cuenta atrás acaba. El miércoles ha entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por el Gobierno pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de colectivos sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. “Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos”, aseguran los populares. Frente a esas palabras, las de la oposición, que acusa al Ejecutivo de crear un “Estado policial”: principalmente, porque las fuerzas de seguridad tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. Toda una batería de medidas que se han rebautizado popularmente como Ley Mordaza. Estas son cinco acciones que esta normativa limitará a partir del 1 de julio:

MANIFESTARSE JUNTO AL CONGRESO Y EL SENADO

El texto aprobado considera una infracción cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. “Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana”, se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al “arbitrio” de la policía. Esta medida coincide con la aparición de movimientos como Rodea al Congreso.

FOTOGRAFIAR A POLICÍAS

Las cámaras de vídeo se han multiplicado en las manifestaciones durante los últimos años. Y las redes sociales se han convertido en el instrumento utilizado para difundir grabaciones, que han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes. Toda esta práctica se complica a partir del 1 de julio. La Ley Mordaza sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”.

PARAR UN DESAHUCIO

“En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio”, señala la PAH, uno de los colectivos más activos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que el PP llegó a acusar de “coquetear con organizaciones próximas al terrorismo” etarra. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana dificultará la acción de sus activistas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

Los activistas de Greenpeace pintaron en 2011 un lema contra las nucleares en una de las torres de refrigeración de Cofrentes. / greenpeace