Reinstitucionalizar el Estado

El Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada, al decir del profesor francés Marcel Prelot en su obra “Ciencia Política”, es un complejo institucional, y el filósofo Maurice Hauriou dice: es una “Institución de instituciones”, es decir que dentro del Estado se dan instituciones políticas que tienen que ver con el poder del Estado e instituciones privadas que realizan las diversas actividades en las que se desenvuelve la sociedad civil.

Todas las instituciones dentro del Estado cumplen una finalidad o un rol establecido en las leyes, aunque también existen instituciones u organizaciones disfuncionales que van contra la legalidad, pero en general decimos que el Estado es una Institución mayor que cobija a todas las demás, que están relacionadas por toda una urdimbre legal.

El Estado que como república nació en 1825, fue construyendo su institucionalidad a partir de la primera Constitución redactada por el libertador Simón Bolívar y luego la de 1831 del mariscal Andrés de Santa Cruz. La institucionalidad política y pública se desarrolló dentro del espíritu de la ley suprema y fundamental, es decir de un régimen de derechos y libertades, como lo especificó el mismo Bolívar.

La Revolución Nacional de 1952 modificó la estructura del viejo Estado y construyó otro, pero manteniendo el espíritu de libertades y derechos ciudadanos y así hasta la última que estuvo en vigencia y fue modificada por la del Estado Plurinacional que, con el rótulo de revolución democrático cultural (?), echó abajo todo el andamiaje institucional del Estado, sin que haya logrado construir otro. De tal manera que las instituciones públicas se desarrollan entre los vicios del pasado y los errores del presente, sin cumplir a cabalidad sus roles institucionales y más bien son todos apéndices del poder político de un reducido grupo de poder que en nombre de los movimientos sociales gobierna el país hace diez años.

Los órganos o poderes del Estado que en un régimen democrático gozan de independencia, han sido cooptados por el poder político y están a su servicio, de tal suerte que uno de los principios del sistema democrático no se cumple.

Las instituciones denominadas “factores de poder”, como las Fuerzas Armadas, el sindicalismo, el empresariado y otros, o están absolutamente controlados por el poder político o están a su servicio; se exceptúan unos pocos, como los comités cívicos.

Casi todas las instituciones públicas territoriales han sido tomadas por el Gobierno central, con excepción de algunas que mediante el voto fueron ganadas por la oposición, así mismo muchas fueron tomadas a la fuerza, ya sea mediante la ocupación armada, como en Pando, o defenestrando a las autoridades elegidas por voto que no respondían al Gobierno.

Dos instituciones importantes en un estado de derecho, como el Órgano judicial y el Electoral, han perdido totalmente su independencia, credibilidad, pues sus actuaciones han sido tan “aberrantes”, que el mismo Gobierno que las desinstitucionalizó ahora hace propaganda para “supuestamente” institucionalizarlas. Tal es el caso del Órgano Electoral, aunque sabemos que serán nuevamente elegidas para las funciones de administrar los actos electorales, personas afines al Gobierno y que estuvieron a su servicio; con seguridad estarán entre los seleccionados los señores Costas y Exeni, adicionados a algunos otros camuflados.

El Órgano Judicial, tan importante en la vida de los ciudadanos, no sólo ha perdido independencia, sino que han sido puestos en las magistraturas y juzgados individuos de pobre trayectoria profesional, representantes de los movimientos sociales, siguiendo el pensamiento del vicepresidente García Linera, en sentido de que es más importante haber sido dirigente sindical que tener los más altos grados académicos, seguramente con alguna excepción, como sucede en toda regla.

Todo el aparato del Estado que depende del poder central está absolutamente controlado y cooptado por el gobierno del MAS, que incluso tiene sus tentáculos en instituciones privadas, como es el caso de varias empresas de comunicación social y hasta en alguna iglesia evangélica.

En un Estado moderno y de régimen verdaderamente democrático, las instituciones públicas y las privadas cumplen a cabalidad su rol legal y social, al servicio de su comunidad, en caso contrario, como sucede en nuestro país, la democracia es “democradura”.