Ramón Claure Calvi
Los paros laborales en los puertos del Pacífico están motivando actitudes que desmienten la infinidad de promesas por parte del Gobierno chileno, con las que voluntariamente se compromete a solucionar nuestro injusto enclaustramiento. Señalo tres antecedentes: Domingo Santamaría, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el 26 de noviembre de 1879 en un documento al Congreso de su país dijo: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y del Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia”.
Jorge Montt, presidente de Chile en 1891, reconoció la imperiosa necesidad de Bolivia de contar con una salida propia al mar. Firmó el Tratado de 1895 por el que Chile se comprometió a entregar a Bolivia Tacna y Arica. Horacio Walker Larraín, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en 1950, firmó la nota de 20 de junio de 1950 y validó todos los ofrecimientos y compromisos previos en los siguientes términos: “Mi Gobierno será consecuente con esa proposición y que, animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico”.
Si estos antecedentes y otros de singular valor hubiesen sido divulgados en su momento y explicados en universidades, sindicatos, Colegios de Profesionales, escuelas secundarias, etc., etc., otro curso habrían seguido las relaciones con Chile, impulsados por el conocimiento y alcance de los antecedentes que hoy se conoce públicamente en las páginas del Libro del Mar. Tales documentos dejaron de ser de exclusivo conocimiento de los cancilleres y de políticos cercanos a los gobiernos de turno, en una palabra, dejaron de ser secretos de Estado.
En los últimos 20 años, siempre motivados por Chile, se llevaron a cabo hechos como la capitalización de los ferrocarriles (15 de marzo de 1996); Declaración de La Paz (16 de diciembre de 2007), firmada por Evo Morales, Inácio Lula da Silva y la señora Michelle Bachelet, presidentes de Bolivia, Brasil y Chile; Agenda de los 13 puntos.
En cuanto a los ferrocarriles, a 18 años del proceso capitalizador, 52% de la Red Andina está destruida, de un total de 2.274 Km. La Declaración de La Paz debía culminar con la eliminación total del Sistema Ferroviario en Bolivia, de momento paralizada; la Agenda de los 13 Puntos, por sus efectos detectados en los encuentros preliminares está paralizada.
Los bolivianos, unos más que otros, sabemos los efectos negativos que soportamos por más de cien años, por nuestro forzado enclaustramiento, en consecuencia, todo análisis jurídico científico o elemental, tiene que referirse al contenido del Tratado de 1904. El Art. 6 de dicho tratado determina: “La República de Chile reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos gobiernos acordarán en actas especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado” (textual).
Por razones que también son de dominio público, la burocracia chilena en los últimos tres años, vulnerando el referido tratado, está agravando el daño económico al país con paros laborales en Arica e Iquique, no cabe duda, pactados entre gobierno, empresarios portuarios y trabajadores.
La prensa registra pérdidas de 2 millones de dólares ocasionados por la paralización por más de 20 días, de 500 camiones. El 2 de marzo de 2013, EL DIARIO publicó declaraciones de la jefa del Instituto de Comercio Exterior, quien afirmó que el 70% de la carga boliviana de exportación sale por puertos chilenos, a su vez explicó que en materia de costos los puertos chilenos aplican un gravamen de 1.5 dólares por kilo de carga. Pues bien, si las toneladas afectadas con el gravamen alcanzaron en 2013 a 300 mil ton., el gravamen alcanzó a: 450 MM de dólares.
El daño que vulnera el Tratado de 1904, intocable para Chile, es probable, para un tribunal internacional, su modificación, al punto que Chile debe resarcir el daño económico que no es eventual, es permanente, por lo mismo requiere de un enfoque técnico jurídico y científico en un determinado tiempo.
El economista Jeffrey Sachs, de nacionalidad norteamericana, en un ensayo publicado explica que los países sin acceso marítimo pierden el 07% de un producto interno bruto. El perjuicio de Bolivia –afirma- por causa de su enclaustramiento como consecuencia de la Guerra del Pacífico, es superior a: 4.000 MM de dólares cada 10 años. Quiere decir que en 80 años de los 111 del Tratado de 1904, hemos perdido 32.000 MM de dólares. De continuar esta usurpación al 2025, la cifra sobrepasará 60.000 MM de dólares. Llegó el momento de que Bolivia exija a Unasur, creada por la Revolución del Siglo XXI, que nos apoye, no con discursos y promesas, sino con pronunciamientos concretos. Este latrocinio internacional debe terminar con un puerto soberano para Bolivia en las costas del Pacífico.
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