Habrá perdón judicial en casos especiales

La sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se realizará hoy, tratará y aprobará una norma de amnistía e indulto presidencial que, según el oficialismo, beneficiará a los que hubieran cometido delitos de estafa y que hayan cumplido parte de la sentencia. Sin embargo, no se tomarán en cuenta los delitos considerados como “políticos”.

La norma tiene por objeto establecer la concesión de amnistía por razones humanitarias, establecido por Decreto Presidencial N° 2131 aprobado por la ALP, el 8 de noviembre de 2014.

“La decisión del presidente Morales es implementar esa medida del indulto para personas que de pronto están siendo víctimas de la justicia, entonces son personas que en algunos casos tienen demasiado dilatado sus procesos, gente que de pronto no está recibiendo las señales adecuadas de la justicia, personas con enfermedades terminales o de la tercera edad, son casos que se han evaluado y son personas que se van a beneficiar con esta figura”, informó el presidente del Senado, José Gonzáles.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), explicó que esta norma beneficiará a las personas que tengan sentencia y que no excedan los 10 años de condena; el otro grupo beneficiado es el de los que tengan procesos por estafa y estelionato, pero que no afecten significativamente al patrimonio de las personas.

Borda señaló que habrá beneficio para los reos de las cárceles de varones y mujeres que cumplan determinadas condiciones y descartó que se trate de una ley de amnistía política, tal como demandan los detenidos por los casos Porvenir y Terrorismo, principalmente, y que demandaron esta Ley.

PEDIDO

El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y los acusados del caso Terrorismo en Santa Cruz gestionaron la última semana el trámite de una carta dirigida a su santidad para que el Gobierno decrete amnistía política para todos los detenidos por casos de ese carácter y pedían que el papa haga llegar el pedido de manera oficial al Gobierno.

Carlos Romero, ministro de gobierno, descartó una norma de esta naturaleza porque dijo que en Bolivia no existen perseguidos políticos y por tanto no ameritaba la consideración de una ley de esta naturaleza.

La bancada de UD, a través del diputado Luis Felipe Dorado, planteó la amnistía para las personas que están detenidas o las que estuvieran fuera del país producto de casos que se abrieron por abierta injerencia política del Gobierno en el sistema judicial.

En distintas oportunidades, los sectores opositores al Gobierno demandaron una norma de esta naturaleza, tomando en cuenta que Morales ya emitió tres decretos presidenciales de indulto para reos que cumplieran requisitos.