Punto aparte
Por lo general, se atribuye el adjetivo de privilegiados a los ricos y a los que ostentan excesivo poder político, pero en el caso de Grecia no son éstos los casos. A los que se puede identificar como “privilegiados” son a los sectores sociales y a los corruptos que han sobrepuesto sus intereses colectivos e individuales, en desmedro de una administración estatal prudente y honesta.
Las anomalías políticas y económicas que se han producido en Grecia datan de varios años atrás, lo cual permite señalar que gobernantes de distintas posiciones políticas son sus autores. Las ideologías políticas, por tanto, eran usufructuarias del apoyo popular, sin que importe mayormente sus signos o tendencias.
La desmesura total consistió en endeudar al país de forma impresionante, con lo que hacían creer a su población que Grecia pertenecía al primer mundo, por su bonanza y bienestar social. Por tanto, que se encontraba en el mismo nivel de los otros países europeos, incluyendo a Alemania, que al presente es la tercera potencia económica mundial, después de Estados Unidos y China.
La Unión Europea actuó desprevenidamente en este caso. Acogió en su seno a Grecia por lo que en la apariencia lucía, pero no se percató que, detrás de esta fachada, había un descalabro de proporciones inimaginables.
El engaño griego dio lugar a que pueda ingresar a la UE y adoptar el euro en 2001, justo cuando las “papas quemaban” al interior de aquella siempre recordada y admirada nación, por el pasado glorioso que tuvo con sus memorables pensadores y filósofos.
Empero, no hay engaño que dure por mucho tiempo. La crisis griega provino del endeudamiento de aproximadamente 320 mil millones de euros, equivalentes a 358 mil millones de dólares.
La explicación más explícita para semejante deuda es que durante muchos años Grecia estuvo gastando más dinero del que producía. El gasto público aumentó entre 1999 y 2007 mucho más que en otros países europeos.
Adicionalmente, con préstamos no declarados a la Eurozona y balances fiscales adulterados, la deuda excedió el 60%, que es el límite que se impuso ésta, desde su creación. En este 2015, el déficit del PIB de Grecia es de 177%.
La situación de la UE se volvió insostenible al producirse la crisis financiera global. Consiguientemente, quedó impedida de otorgar más créditos a Grecia. Más bien, sus acreedores le exigieron que cumpla los compromisos de pago que adquirió al obtener créditos de uno y otro país, así como de bancos privados y del FMI (Fondo Monetario Internacional).
A fines de junio, Grecia debía pagar 1.600 millones de euros a este organismo y no pudo hacerlo. Además, el gobierno izquierdista de Grecia rechazó las condiciones que le planteaban sus acreedores para, eventualmente, seguirla cooperando, incluso en la mora de la deuda.
Fue de este modo, que ante el fracaso de continuar más negociaciones, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, suspendió la semana pasada las operaciones bancarias internas y llamó para el domingo 5 a un referéndum. La población griega debía pronunciarse sobre si aceptaba más medidas de austeridad como planteaban sus acreedores o las rechazaba.
El resultado ha sido de rechazo. Los que votaron por esta fórmula fueron los beneficiarios de sueldos altos, subsidios concesionales, jubilaciones prematuras y otras granjerías. En suma, el despilfarro irracional llevó a la quiebra a Grecia. A la vez, creó ahora inestabilidad política y financiera a los restantes países integrantes de la UE.
Estos algunos de aquellos casos: Jubilaciones masivas se producían a los 50 años de edad. Cada vehículo oficial, como promedio, tenía 50 conductores. Pensiones jubilatorias se seguían cobrando hasta por personas que murieron en 1953, hace 62 años. Por ser hijas solteras de funcionarios fallecidos, 40.000 de ellas recibían pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales, lo que costaba al fisco 550 millones de euros al año. El costo del sector público es aplastante, tiene cerca de un millón de funcionarios, para 4 millones de personas que integran la población activa. Hay todavía miles de puestos fiscales injustificados en ministerios, empresas públicas e instituciones inservibles.
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