Fundaciones ambientalistas en peligro de expulsión

Como una especie de “espada de Damocles”, pende sobre cabezas de las fundaciones ambientalistas u ONGs que trabajan en Bolivia, la amenaza o prevención del Presidente de la República en sentido de que “si se oponen a la explotación de riquezas en las regiones calificadas como reservas, se irán del país”. El aviso es más que contundente, decisivo y definitivo para que no haya oposición alguna al ingreso de capitales a regiones donde se suponga que hay hidrocarburos y minerales que merezcan explotación.

Nuestro país cuenta con 22 áreas protegidas entre parques y reservas naturales y se calcula que, por efecto del decreto 2.366, once de esas reservas estarían en peligro de ser explotadas en busca de hidrocarburos. Dicho decreto contraviene la disposición señalada muy claramente por la Constitución Política del Estado; pero siendo tan categórica la prevención presidencial, quedaría claro que ninguna organización nacional o foránea podría reclamar ni hacer algo a favor de dichas reservas.

El Presidente expresó muy claramente: “No es posible que algunas ONGs, algunas fundaciones manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto. Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan a perjudicarnos”. Es necesario recordar que hace mucho tiempo ya se amplió la frontera hidrocarburífera y se ha pasado de tres millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración, a más de 24 millones de hectáreas, lo que ya, en muchos casos, contravino las previsiones claras sobre respeto a las áreas protegidas.

Un investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) señaló que “tres millones de hectáreas de las áreas protegidas serán afectadas por las actividades hidrocarburíferas, debido a que el Gobierno, con el decreto 2.366 autorizó el desarrollo de la exploración y explotación”. Se indica, además, que el decreto 2.366 “sólo forma parte de un paquete de medidas, como es el caso del decreto 2.298 que recorta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”.

El problema, pues, reviste gravedad porque es preciso entender que organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales, al apoyar el cuidado y preservación de las reservas, no hacen otra cosa que dar cumplimiento a convenios expresos que, a niveles internacionales, tienen suscritos los diferentes países del planeta con miras a cuidar, preservar y fomentar las reservas naturales, los Parques Forestales y otras riquezas de la naturaleza.

Que la caída de los precios del petróleo significa menor ingreso de divisas al país, es innegable; pero aprobar proyectos para invadir lo que prohíbe la Constitución, es un contrasentido y es atentatorio contra los derechos no sólo nacionales sino del mundo y que el Gobierno debería considerar muy seriamente.