Batalla de intelectuales

El título de esta columna responde al interés del suscrito de analizar, en esta oportunidad, la batalla que se libra en Cochabamba, en sus calles y particularmente en el campus universitario de San Simón, durante 87 días hasta hoy. Este singular campo de batalla tiene como trasfondo la autonomía universitaria.

Entonces empezaré por presentar algunos antecedentes de una característica de los sistemas universitarios de América Latina y también de algunos europeos.

La autonomía universitaria como principio general se funda en la necesidad de evitar que el poder político se apodere de la administración de las universidades y las maneje de acuerdo con sus propios intereses, sobre todo cuando, como es frecuente en nuestros países, el poder de turno busca apoderarse de todas las instituciones del sector público, para usarlas en su propio beneficio.

Con autonomía, los diferentes colectivos de la comunidad universitaria, profesores y alumnos, mediante lo que se denomina el co-gobierno, controlan de forma directa mediante elecciones internas a los diferentes órganos de gobierno: Rectorado, Claustro, Decanaturas y Direcciones y Consejos de Departamento.

De este modo, la Autonomía Universitaria pretende preservar a la universidad de las luchas partidistas del poder político. Sin embargo, las autoridades académicas y los miembros de los órganos de gobierno pueden llegar a defender los intereses de su grupo (profesores, estudiantes, personal no docente), cuando no directamente intereses personales, por encima de los de la institución o la sociedad.

En América Latina, en Argentina la autonomía universitaria fue reconocida por primera vez en 1919, como consecuencia del movimiento de Reforma Universitaria que se había iniciado en Córdoba el año anterior. En 1994 la autonomía universitaria y su autarquía financiera fue garantizada en la Constitución (Art. 75, inciso 19).

En nuestro país, imitando el modelo argentino la Autonomía Universitaria fue establecida en 1931 como consecuencia del movimiento de Reforma Universitaria impulsado por el movimiento estudiantil y los docentes.

Bajo el amparo de este concepto, los estudiantes que forman parte del Consejo Universitario se opusieron a la aprobación de la Resolución 03/2015 que titulariza a una parte de los docentes universitarios. Los estudiantes piden que para titularizarse todos los profesores deberían someterse a un examen de competencia. Hay pros y contras en torno a esta determinación.

Pero lo grave del asunto es que debido a esa resolución estudiantil, las clases están suspendidas en varias carreras y el vandalismo ha imperado en el tiempo que dura esta pulseta. Los estudiantes que defienden su posición han bloqueado el acceso a ciertas facultades y a las oficinas del rectorado y del Consejo Universitario. Esto me recuerda a la intervención de Juan Lechín Oquendo que determinó la suspensión de clases por aproximadamente 6 meses y otras intervenciones del Gobierno de turno, particularmente los militares.

Pese a una resolución del Tribunal Departamental de Justicia, la Policía se niega a intervenir para lograr la apertura de las puertas del campus principal. El rector de la UMSA, el 6 de julio, ha propuesto una solución que pondría término a este conflicto, dejando sin efecto la titularización, ya que esta situación compromete a otras universidades como la UMSA, la UPEA y la Universidad Siglo XX.

Esperemos que este asunto se resuelva, como corresponde a un sistema educativo de alto nivel, como un diálogo de inteligencias y no como una batalla de pandillas callejeras, cuya característica es la violencia irracional.