Más violencia y asesinato de mujeres

Es preocupante el crecimiento de la violencia contra las mujeres, así como de los feminicidios que a diario denuncian altas autoridades y la prensa anuncia con títulos alarmantes e inclusive escandalosos, en particular en canales de televisión que exhiben escenas de sangre y que, al parecer, complacen a quienes tienen a su cargo la información policial. Este problema, por un lado, ha sido objeto de comentarios y análisis de los medios de comunicación y, por otro, de crítica por parte de organizaciones sociales, en particular femeninas, que han demandado poner fin a esta ola de delincuencia.

Los datos oficiales más recientes revelan que en los seis meses avanzados del presente año, el número de feminicidios en el país llegó a alrededor de 50, mientras las denuncias por actos de violencia y abusos a mujeres y niñas está cerca de las siete mil, cifras que confirman que la cuestión adquiere gran magnitud y si se compara con el año pasado, supera los más pesimistas pronósticos. Es más, ahora el Defensor del Pueblo dijo en forma textual que la situación se estaría desbordando debido al “desinterés del Gobierno”. Se recuerda que el año anterior la diputada Montaño afirmó que en esa gestión se reportó nada menos que 13 mil denuncias ante la Fuerza Especial de lucha contra la violencia, que tuvieron respuestas muy febles.

Pareciera que seguir insistiendo sobre las estadísticas del crimen ha dejado de ser pertinente, pero, en todo caso, es preciso que la campaña contra estos delitos continúe con más decisión y energía, pero no debe quedar en la mera denuncia de los hechos, sino incitar a las autoridades de gobierno responsables de atender la salud pública y que, además de adoptar medidas de seguridad, por lo menos de alguna energía, se interesen en buscar las causas de este estado de cosas y no se limiten a luchar contra los efectos, técnica tradicional de burócratas insensibles y satisfechos que, como dice la sentencia popular, “no miran más allá de sus narices”.

En forma general, se puede decir que hubo algún interés en medios del oficialismo para enfrentar el asunto, pero los intentos cayeron en saco roto, pues, como en el caso de varias leyes que se dictó para encarar la violencia y los feminicidios, no dieron resultado, pese a la gran y costosa publicidad desplegada en las paredes de edificios que ocupan las oficinas públicas y ni qué decir en periódicos, radioemisoras y canales de televisión. Tales campañas fueron como echar agua en la arena y como hojas que lleva el viento.

En su momento, la Asamblea Legislativa caducada en enero pasado aprobó tres enérgicas leyes “en defensa” de las mujeres, pero las tres cayeron en saco roto. La primera fue la Ley contra el acoso y violencia política contra las mujeres, la misma que tuvo poca suerte. La segunda fue la Ley contra la trata y tráfico de personas, cuya eficacia está en duda y la tercera la Ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que al parecer ha quedado convertida en papel mojado.

Sería de interés general que quienes conducen la nave del Estado dediquen siquiera un mínimo interés en relación con el nivel de desarrollo histórico en que se encuentra el país, que es donde se encuentra el origen no sólo de la violencia contra las mujeres, sino también de la corrupción, la pobreza, la caída de las fuerzas productivas, el retroceso a relaciones de producción arcaicas en la industria, la agricultura, la minería y otras, situación que ha determinado una sociedad de pequeños propietarios, artesanos, campesinos, infinidad de comerciantes y otros sectores que no producen y forman un gigantesco ejercito de desocupados que merodea en las ciudades, problemas que bien pueden ser resueltos por políticas de gran alcance que miren las causas y avizoren el futuro, que será lo único que solucione los conflictos sociales que se producen cotidianamente.