Inician control para sancionar a abogados no registrados en el RPA

La ministra de justicia, Virginia Velasco, anunció que desde hoy se iniciarán controles estrictos a nivel nacional, en tribunales, notarias de fe pública, el Ministerio Público y toda instancia en la que desempeñen su trabajo los abogados y abogadas, esto con el fin de verificar si los juristas se encuentran empadronados en el Registro Público de Abogados (RPA), como establece la Ley 387, del Ejercicio de la Abogacía.

Por su lado, el director jurídico del Ministerio de Justicia, Oliver de la Goublaye, informó el viernes que los abogados que no se empadronaron en el Registro Público de la Abogacía (RPA), cuyo plazo venció ese día, serán remitidos al Tribunal de Ética que los sancionará conforme se establece en la Ley 387.

Goublaye, señaló que los litigantes o clientes, deben denunciar a los abogados que no estén empadronados, ante el Tribunal de Ética, donde se establecerá las sanciones.

Dichas sanciones, también están establecidas dentro de la Ley de la Abogacía, en la que se indica una multa de hasta seis salarios mínimos o la suspensión entre uno o dos años del ejercicio de la profesión.

“Hasta la media noche del jueves hemos logrado registrar cerca de 51.000 abogados, lo que significa un 97 por ciento de la totalidad de juristas que hay a nivel nacional”.

MULTAS

“Desde el lunes (hoy) se empezarán con los controles fuertes y sorpresivos en diferentes puntos”, afirmó la ministra Velasco y anunció que recién hoy se dará a conocer el monto exacto de la multa que pagarán los abogados que no se inscribieron al RPA. Más aún, teniendo en cuenta que dicho registro se inició hace dos años, al momento de promulgarse la 387.

Sin embargo, se adelantó que la sanción económica sobrepasaría los seis salarios mínimos nacionales.

A tiempo de hacer conocer su sorpresa sobre la cantidad de juristas registrados, que llegaron a más de 51.000 empadronados, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, planteó la duda sobre donde se irán los fondos recaudados.

Según la estimación, por los 200 bolivianos que cada abogado aportó, al momento del registro, se recaudó al menos 10 millones de bolivianos, que serían destinados a mejorar las condiciones de trabajo de los juristas en el país.

Velasco afirmó que se envió al Consejo de la Magistratura una circular para que los jueces, fiscales y la Policía hagan un control estricto sobre los abogados, para que presenten su credencial otorgada por el Ministerio de Justicia.