La Operación Lava Jato, que lleva más de un año investigando en Brasil una trama corrupta en Petrobras, que ha hecho perder a la petrolera estatal cerca de 2.000 millones de dólares, tiene ahora como objetivo a la esfera política del país. La operación ya ha devuelto 182 millones de dólares a los cofres públicos y ha detenido a una veintena de ejecutivos de grandes constructoras (algunos fueron puestos en libertad por colaborar con las investigaciones, mientras otros están en prisión domiciliaria o siguen encarcelados). En una nueva fase de la operación, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (Fiscalía) cumplieron el martes 53 mandatos judiciales en siete estados brasileños para buscar e incautarse de documentos y bienes en las residencias de los políticos investigados, despachos de abogados y sedes de empresas públicas y privadas.
Entre los investigados está el expresidente de la República y actual senador Fernando Collor de Mello, el primer mandatario elegido en 1989 tras la transición democrática y que renunció a su cargo en 1992, un día antes de su impeachment por su papel en un escándalo de corrupción. Los agentes federales se incautaron de tres coches de lujo "un Ferrari rojo, un Porsche negro y un Lamborghini plateado" y una maleta negra con documentos que podrían demostrar que el político está involucrado en la trama de sobornos de Petrobras. La Policía también estuvo en la sede de la cadena de televisión Gazeta, de la familia de Collor de Mello.
La Fiscalía cree que el expresidente recibió cerca de 6,3 millones de dólares entre 2010 y 2012 en sobornos para que facilitara los negocios de una subsidiaria de Petrobras, BR Distribuidora, con la constructora UTC. EL PAÍS
