Leyes y realidad

El Gobierno desafía al sector privado a invertir en el país, a elevar su inversión de este año hasta por lo menos 3.000 millones de dólares, la mitad del monto de la inversión pública.

PETRÓLEO ORO ESTAÑO La Agencia de Internacional de Energía cambió su pronóstico de demanda a la baja durante esta semana y la aprobación del acuerdo entre Irán y el grupo de los 5+1 sobre las intenciones de su proyecto nuclea, prometen un largo periodo de bajos precios para el petróleo. El gigante angloholandés Shell prevé que el precio suba a 90 dólares por barril al 2020. Mieras tanto el precio del WTI cayó en 13,64% en lo que va del mes. El oro cayó este jueves a mínimos de ocho meses, en medio de una fuerte apreciación del dólar a máximos de siete semanas causada por mayores expectativas de que la Reserva Federal (FED), el equivalente al Banco central de EEUU, empiece a elevar sus tasas de interés este año. Las últimas cifras de desempleo publicadas por el FED alientan el optimismo en torno a la economía lo que generalmente también tiene un efecto sobre el precio del oro. La producción de estaño de China está aumentando y a pesar de los problemas que se presentan en el sistema bursátil de China. La semana pasada se registró una nueva empresa de estaño en la bolsa de Shanghái. Es la quinta empresa que se registrará en la bolsa. La “PGMA Co., Ltd”, ya está registrada en el London Metal Exchange y se postula como una de las mayores empresas Chinas que se dedica exclusivamente a abastecer el mercado interno.

Aseguran el presidente Evo Morales y el ministro Luis Arce Catacora que ahora hay garantías suficientes para la inversión, aludiendo a las seguridades jurídicas que piden los empresarios.

¿Hay seguridades jurídicas para la inversión? ¿Pueden ahora los inversionistas confiar en el clima generado por el actual Gobierno para la actividad privada?

En leyes, en anuncios, en propaganda, el Gobierno es muy eficiente, pero algo falla cuando se trata de aplicar todo eso a la realidad. Leyes no faltan, lo que falta es la voluntad de traducirlas en realidad.

El presidente Morales acaba de aprobar once medidas dirigidas a cumplir con algunas de las resoluciones adoptadas en la reunión cumbre Sembrando Bolivia realizada en abril, y que supuestamente deben impulsar la producción.

• Pero el mismo día en que el presidente Evo Morales daba a conocer esas medidas, la mina Manquiri de Potosí era tomada por la fuerza por el Comité Cívico de ese departamento.

• Las empresas mineras, e incluso los trabajadores de ese sector han vuelto a pedir al Gobierno que ponga fin al avasallamiento de minas por parte de ayllus o cooperativas.

• Los empresarios cruceños se han cansado de pedir lo mismo: medidas contra los avasallamientos de predios agrícolas, cuando siguen en manos de los asaltantes 20.000 hectáreas que estaban en producción.

• Incluso desde el exterior se le pide al Gobierno boliviano que haga cumplir sus propias leyes: la prensa argentina dice que el contrabando de droga y ropa usada que ingresa a ese país desde Bolivia está causando estragos.

Pero no en todo es así. El Gobierno está decidido a aplicar toda la fuerza de su voluntad para garantizar que las empresas petroleras extranjeras encuentren reservas de petróleo y gas en los parques nacionales, en las “áreas protegidas” e incluso en el frágil Tipnis.

El presidente Morales ha dicho recientemente que la consulta previa con los pueblos originarios que habitan las zonas apetecidas por las petroleras son “una pérdida de tiempo”. En 2005, él mismo había hecho campaña a favor de la mencionada consulta.

La política económica consiste, por lo tanto, en hacer todo lo necesario para que el país siga exportando hidrocarburos y de esa manera el gobierno tenga recursos para “invertir”.

La actividad privada, del sector legal, se las tiene que arreglar en un clima negativo.

En el año 2005, el ahora presidente Evo Morales exigía que los pueblos originarios tengan la última palabra para que las empresas petroleras puedan operar en sus territorios.	Ahora, el mismo personaje dice que la “consulta previa”, que ahora es ley de la República, es “una pérdida de tiempo” y está perjudicando que se descubran nuevos campos de gas y petróleo.