Confusión en reanudación de clases en Oruro


Oruro, (EL DIARIO-Agencias).- Oruro vivió un día de confusión general para la reiniciación de labores escolares, generada por las autoridades del sistema educativo, que ordenaron la reanudación de las clases, a partir de ayer, mientras que los docentes y padres de familia suspendieron las actividades, por decisión propia.

La confusión se prolongó hasta horas de la tarde, por la “guerra de comunicados” que emitieron los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro y el cuestionado director departamental de educación, Eduardo García Morales, con disposiciones totalmente contradictorias.

Los únicos que reanudaron las actividades escolares, aunque con escasa concurrencia de estudiantes, fueron los colegios privados, a pesar del intenso frío que se registró ayer en esta ciudad, llegando a los 9 grados bajo cero, a las 6 de la madrugada.

“Los padres de familia hemos decidido no enviar a nuestros hijos a las escuelas y colegios, para cuidar la salud de los niños, especialmente de las escuelas”, explicó al presidente de la Junta de Distrito Escolar, Miguel Condori. Dijo que, sin embargo, algunos padres de familia enviaron a sus hijos a las escuelas y tuvieron que retornar a sus domicilios.

La medida fue respaldada también por el alcalde municipal de Oruro, Edgar Bazán Ortega, quién dijo que las autoridades nacionales debían atender este pedido de los padres de familia, con el único objetivo de cuidar la salud de los estudiantes.

Por su parte, el director departamental de educación, Eduardo García, dijo que la determinación del Ministerio de Educación es reanudar las clases, pero las decisiones de los padres de familia, de no enviar a clases a sus hijos, “ha provocado esta confusión” en la ciudadanía.

Los colegios privados reanudaron labores, pero hubo ausentismo.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares, Flavio Lagrava, dijo que los alumnos de estos colegios han recibido una instrucción del Ministerio de Educación y, por consiguiente, “no hay otra alternativa que cumplir las disposiciones, a pesar del reclamo de los padres de familia”.

Los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana decidieron acudir a los establecimientos escolares, no para reanudar actividades, sino para “movilizarse en contra del director de educación, Eduardo García Morales, porque no ha cumplido el acuerdo de quedar en suspenso su nombramiento, mientras se realice una investigación sobre el puntaje que recibió en el examen de méritos y de competencia para ocupar ese cargo”.

La ejecutiva del magisterio urbano, Junet Ojeda, dijo que desde la fecha “se ha ingresado en paro general de actividades, paro de brazos caídos y, por lo tanto, vamos a acudir a las fuentes laborales, pero seguiremos en huelga, hasta que se vaya el director de educación departamental”.

ACCIONES LEGALES

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció el lunes acciones legales contra el alcalde de Oruro, Édgar Bazán, por tomar atribuciones que no le corresponde y comunicar una semana más de vacación.

Bazán informó el domingo que se ampliarán las vacaciones invernales en Oruro por la baja de temperaturas y la exposición a los niños a problemas respiratorios, informó el periódico La Patria que el alcalde presentará este lunes una carta informándole a las autoridades departamentales y distritales de educación la decisión de la alcaldía.

Por su parte, el ministro de Educación, Roberto Aguilar expresó que iniciará una acción legal en contra de Bazán por tomar atribuciones fuera de sus competencias.

“Es una barbaridad que el alcalde de Oruro se haya tomado la atribución y competencia de declarar la ampliación del descanso pedagógico bajo el argumento vinculado a la salud pública… vamos a establecer una acción legal por atribuir cosas fuera de su competencia”, expresó Aguilar.

Aguilar informó en una entrevista en Panamericana que se aplicará el artículo 297 del Código Penal que establece que cualquiera que atentare contra la libertad de enseñanza será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a cien días.

 
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