El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, deberá cumplir detención preventiva en la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, mientras es enjuiciado por delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, resolvió el martes el juez quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre, Roberto Valdivieso.
El brazo derecho de Chávez, el secretario ejecutivo de la FBF Alberto ‘Tico’ Lozada, fue beneficiado con medidas sustitutivas y deberá cumplir arresto domiciliario, según el informe de prensa desde la capital a través de Radio Fides.
La resolución fue adoptada por el juez Valdivieso, y anunciada minutos antes de las 18.00, después de una audiencia que duró dos días, debido a las prolongadas argumentaciones del Ministerio Público y de la defensa de los principales dirigentes del fútbol boliviano.
Chávez anunció que apelará su detención en el plazo legal de 72 horas, insistiendo en su inocencia y en que la acusación del Ministerio Público "está tirada de los cabellos" y viola sus derechos constitucionales.
El dirigente del fútbol boliviano está procesado a partir de una denuncia presentada el 17 de julio por el dirigente del club Bolívar Wálter Zuleta, sobre supuestas irregularidades en la organización de un partido amistoso de fútbol Bolivia-Brasil, que se jugó el 6 de abril de 2013 en Santa Cruz.
Según la denuncia, ese partido fue promocionado como de beneficencia en favor de la familia del joven Kevin Beltrán, muerto en un partido de Copa Libertadores en Oruro, pero esa familia nunca recibió pago alguno de la FBF.
La familia confirmó que no recibió "ni un centavo" de los dirigentes del fútbol. La comisión de fiscales que investigó a Chávez y Lozada los acusó de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón de cargo, delitos tributarios y estafa con agravante de víctimas múltiples.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que la comisión de fiscales fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales que existen y esos argumentos fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva para Carlos Chávez y medidas sustitutivas para Alberto Lozada.
Señaló que esta decisión es una muestra más de que el Ministerio Público cumple su rol constitucional de defensa de los derechos y garantías de la sociedad.
"No se trata de ninguna intervención a la Federación Boliviana de Fútbol tal como pretende hacer ver la defensa de Chávez y algunos periodistas deportivos, simplemente estamos cumpliendo nuestro rol que está establecido en la Constitución Política del Estado", agregó.
Durante la audiencia, el fiscal superior Iván Montellano, que encabeza la comisión que investiga el caso, reveló que el dinero del partido de beneficencia de Kevin fue utilizado en pago a trabajadores de la FBF.
"La realidad es que Brasil jugó gratis para ayudar a la familia de Kevin y Carlos Chávez y otros dirigentes abusaron de esa buena voluntad y de la gente que pagó su entrada", sostuvo el representante del Ministerio Público.
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