Fiscalía envía 35 preguntas a Martín Belaunde al Perú

César Siles, presidente de la Comisión Nacional del Refugiado, aseguró que hoy se enviará a Perú, el cuestionario de más de 35 preguntas elaborado por el Ministerio Público, para que sean contestadas por el extraditado Martín Belaunde Lossio, en el caso abierto por su fuga el pasado 24 de mayo de la detención domiciliaria que cumplía en el inmueble propiedad de Juliano Arista, el denominado Curaca Blanco, en la zona de Bajo Llojeta.

En contacto telefónico con EL DIARIO, Siles señaló que de no mediar ninguna otra observación, el exhorto suplicatorio, emitido por el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, será remitido hoy a la embajada boliviana en el Perú y de ahí, pasará a la Fiscalía de ese país que deberá asignar a un funcionario para viabilizar las respuestas.

Siles detalló que en el caso de que Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, se niegue a contestar el cuestionario, se aplicará la norma boliviana que indica que quien nadie está obligado a declarar y tiene derecho a guarda silencio.

Entretanto, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que dentro de la investigación en la que se vieron involucradas más de quince personas, entre familiares del súbdito peruano, custodios policiales, jueces y abogados, no se ha verificado la intervención de otras personas además de las investigadas.

Entretanto, la investigación avanza con la copia de videos de seguridad de los diferentes lugares donde se cree se dieron acciones ilegales, como el abandono de una movilidad que fue destinada como parte del al pago a un vocal, por parte de Belaúnde, para ser beneficiado con un fallo.

Rollano, también confirmó que apelaron las medidas sustitutivas para el vocal suspendido Ricardo Chumacero, que se encuentra con arresto domiciliario.

Martín Belaunde fue jefe de campaña electoral del presidente peruano, Ollanta Humala, y está acusado en su país, de enriquecimiento ilícito. Llegó a Bolivia en busca de refugio político que le fue negado.

Presentó una apelación en última instancia que también fue rechazada por la justicia boliviana, aspecto que dio curso al inicio del proceso de extradición solicitado por Perú, y que al parecer fue el hecho que lo obligó a huir de su detención domiciliaria.

Esto pese a que la norma internacional, para quienes se consideran perseguidos políticos, estipula que el país que niega el refugio no puede devolver a la persona al país de origen.