Debe cesar la represión

El Papa Francisco en su paso por tres países sudamericanos, entre ellos dos que están gobernados por regímenes del socialismo del Siglo XXI, y que siguen el recetario “chavista” para permanecer en el poder por siempre, en rededor de un endiosado caudillo, dejó en los corazones de los cristianos de la Iglesia universal un sentimiento de búsqueda de paz y amor, que son la base de la doctrina enseñada por Cristo hace más de do mil años.

No han acabado de resonar las palabras del Papa en los oídos de quienes quisieron escucharle, cuando en nuestro país se desata una nueva fase de la represión política con ropaje judicial, pues jueces y fiscales son encargados por el poder para reprimir y perseguir a los opositores y críticos del régimen. En la ciudad de Trinidad ha sido detenido el ex gobernador elegido por el voto del pueblo, Carmelo Lenz, como si fuera un criminal peligroso, cuando la base de la detención es una declaración de un ex funcionario prófugo, que habría obtenido el derecho de fuga, precisamente a cambio de declarar contra el ex Gobernador.

En la localidad de Cobija se abrió una nueva etapa del juicio político contra el ex Gobernador de Pando y otros ciudadanos, acusados de haber promovido un enfrentamiento que determinó la pérdida de algunas vidas, cuando está en la conciencia de la opinión pública que todo fue orquestado desde el poder político que gobierna hace más de 10 años nuestra ultrajada Patria. Lo más llamativo es que los individuos que aparecían como denunciantes y parte de los procesos, ahora se han detractado, argumentando que fueron utilizados para precisamente perseguir judicialmente a inocentes. Sin embargo, frente a semejante declaración, los jueces y fiscales al servicio del poder proseguirán las causas, porque eso les mandaron.

El caso del hotel Las Américas, donde fueron ejecutados sumariamente tres individuos que dormían en ese recinto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carece de toda base moral y jurídica, pues el fiscal que organizó el caso declaró que todo fue un montaje para incriminar a ciudadanos críticos al régimen, lo mismo que otros involucrados en el caso, que dijeron su palabra esclarecedora que contradice todo lo sustentado por las autoridades judiciales al servicio del régimen. No importa que esos procesos no tengan base moral y jurídica, lo que importa es reprimir y perseguir a los opositores, para así dejar un precedente de temor y amenaza, para que los ciudadanos estén callados y temerosos.

Llaman la atención casos como el de Caranavi, donde el 7 y 8 de mayo de 2010 perdieron la vida dos jóvenes, cuando reclamaban movilizados con el pueblo por la instalación de una planta procesadora de cítricos que ofertó el gobierno; La Calancha, en las afueras de la ciudad de Sucre, donde perdieron la vida algunos ciudadanos víctimas de balas de guerra, cuando protestaban contra las actitudes del oficialismo que aprobó su constitución en un cuartel militar; el caso Chaparina, de 25 de septiembre de 2011, cuando la policía arremetió brutalmente contra la marcha de los indígenas del Tipnis; el caso de extorsión al empresario norteamericano Jacobo Ostreicher, detenido por más de un año y despojado de varios millones de dólares, por una red encabezada por altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, y otros casos que han sido echados al olvido y sus actores, cómplices y encubridores gozan de libertad y hasta algunos ocupan altas funciones dentro y fuera del país.

Precisamente el recetario “chavista” para los regímenes del socialismo del Siglo XXI, recomienda el control absoluto de todos los órganos o poderes públicos, en especial el judicial convertido en mecanismo de represión política y que en nuestro país ha llegado a los niveles más bajos de credibilidad en la ciudadanía.

Cuando gobierna una sociedad un régimen autocrático y de control hegemónico de las instituciones públicas y hasta privadas, todo el aparato del Estado se convierte en un aparato represivo, pues el control político del régimen llega a todo lugar y casi nadie escapa a ese control, de tal manera que la democracia es simplemente de fachada.

En este cuadro que hemos descrito, de persecución judicial, los jueces y fiscales convertidos en simples represores que han envilecido la justicia como institución, no deben olvidar que el mismo régimen ha puesto en vigencia una ley contra la corrupción que es imprescriptible, y en algún momento serán llamados a responder por sus actos, pues apartarse de la ley es corrupción.