ANP presenta Acción de Libertad a favor de periodista potosino

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) presentará hoy una acción de libertad a favor del periodista Juan Carlos Paco Veramendi, que fue encarcelado ayer por decisión de una juez bajo los cargos de acciones violentas contra efectivos policiales, durante los incidentes del pasado miércoles 22, en La Paz.

La juez segundo de materia en lo penal, Lía Cadozo, dispuso ayer su detención preventiva en el penal de San Pedro, de La Paz, en medio del rechazo de la medida por parte de las asociaciones del gremio.

El equipo legal de la ANP, dirigido por el abogado penalista, Eduardo Olivares, expone que la detención de Paco es indebida porque en el momento del choque entre dirigentes cívicos del departamento de Potosí y policías, Paco cubría la conferencia de prensa que se realizaba en el interior del edificio del Viceministerio de Gobierno y a continuación realizó un informe radial, por teléfono celular, a Radio Líder de la Villa Imperial.

El pasado miércoles 22, Paco se encontraba con el grupo de reporteros que cubrían los hechos violentos y realizaba labores de cobertura informativa tomando fotografías e intentaba algunas entrevistas.

El periodista fue elegido en una asamblea de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí como enviado especial para reportar detalles de una caminata realizada por dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), entre el 26 de junio y el 7 de julio. En La Paz realizó cobertura periodística para Radio Líder y otros medios informativos de la Villa Imperial.

La defensa señala que policías antimotines decomisaron al periodista una grabadora digital sin memoria, además de una credencial que posteriormente no fue entregada a los fiscales encargados de la investigación.

Es así que la medida se constituye en ilegal, y que Paco, cuenta con la acreditación respectiva y al momento de su detención, se encontraba cumpliendo con su trabajo.

SEGUNDO ENCARCELADO

El periodista potosino es el segundo que es encarcelado, con una imputación, en tiempos de la democracia recuperada en 1982.

El 9 de marzo pasado, el periodista Carlos Quisbert Fernández fue encarcelado bajo la acusación de interferir con las investigaciones sobre la muerte de un niño, aunque la defensa demostró que cumplía una actividad periodística de investigación y reclamó la vigencia de los derechos constitucionales que protegen el trabajo de los periodistas.

Olivares puso en duda los argumentos de la comisión de fiscales al señalar que una grabadora de audio, marca Sony, no tiene la letalidad de una dinamita.

Durante la audiencia de medidas cautelares realizadas este viernes, los fiscales Ramiro Jarandilla y Franz Contreras no probaron a Paco la intervención en hechos violentos, ni presentaron artefacto explosivo u otro objeto que pudiera causar “estragos”, una palabra que en la terminología jurídica representa un daño de gran magnitud.

La ANP exige el cumplimiento del artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que en su parágrafo tercero señala que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, señala que los periodistas gozan de protección en situaciones de conflicto, un derecho que es exigido por la ANP.

Hoy, anp presentara acción de libertad

ANTECEDENTES

La tarde del miércoles, luego de que se rompiera el diálogo entre el Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se produjo una serie de hechos violentos, con la explosión de cartuchos de dinamita y destrozos en instalaciones del Viceministerio de Régimen Interior, en la avenida Arce.

Producto de estos hechos, la Policía Nacional, aprehendió en “acción directa” a 52 personas, entre las cuales se encontraban dos periodistas potosinos.

El coronel Gari Omonte, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), afirmó que Paco fue sorprendido en flagrancia realizando actos vandálicos y se lo acusa de instigación a la violencia, versión que fue desmentida por el mismo periodista y colegas que cubrían los acontecimientos en aquella jornada.