Congreso empieza proceso para desmontar embargo

Washington.- Nada más reanudarse las relaciones diplomáticas con Cuba, el Congreso de EEUU puso en marcha esta semana la complicada maquinaria para desmontar el embargo económico contra la isla, un proceso que los más optimistas consideran que puede tardar años.

Apenas tres días después de la reapertura de la embajada de Cuba en la capital estadounidense, el jueves un comité del Senado estadounidense aprobó una iniciativa legal que mantenía desde enero en el cajón de propuestas pendientes, al parecer a la espera solo de que se confirmara la noticia de la reanudación de relaciones.

La medida, presentada como una enmienda dentro de un proyecto de ley más amplio de financiación del Gobierno, fue aprobada por el Comité de Gastos del Senado con el apoyo de varios legisladores de la oposición republicana, que goza de la mayoría en las dos cámaras del Capitolio federal.

Tras la aprobación de la iniciativa, uno de sus impulsores, el senador republicano por Kansas Jerry Moran, se refirió a la ironía de que debido a las sanciones comerciales impuestas desde 1962, Cuba sea el único país del mundo al que los estadounidenses tienen prohibido viajar, un veto que parte de su propio gobierno.

“No tiene sentido que los estadounidenses puedan viajar a países hostiles como Irán o Siria y no a Cuba”, dijo por su lado el senador demócrata Patrick Leahy, en referencia a algo que la gran mayoría de los ciudadanos y residentes legales de este país hasta ahora solo podían hacer de manera clandestina y a través de terceros países.

Moran, como han hecho otros legisladores, también se refirió a las mayores “probabilidades” de que esta medida permita al pueblo cubano lograr una mayor libertad, gracias a su contacto con los ciudadanos estadounidenses y el intercambio de ideas.

La iniciativa, que ahora deberá ser aprobada por el pleno del Senado, también incluye el levantamiento de la prohibición que impide a cualquier embarcación que haya llevado mercancías a Cuba tocar puertos estadounidenses en los seis meses siguientes.

Asimismo, aumenta el nivel de crédito privado al Gobierno cubano para la compra de productos agrícolas estadounidenses.

El senador republicano por Arizona Jeff Flake, que el lunes asistió al izado de la bandera cubana en la nueva embajada del país caribeño en Washington, vaticinó la aprobación de la medida en el pleno del Senado porque cuenta con suficiente apoyo para ello.

Según él, la iniciativa tiene ya asegurado el voto de 46 de los 100 senadores de la cámara “y va a conseguir más respaldos”.

Pero donde esta propuesta puede toparse con mayor oposición es en la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos y donde un mayor número de legisladores de la oposición se muestran escépticos con la apertura a Cuba.

Entre ellos está el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, que se ha mostrado crítico con el acercamiento a Cuba desde que el 17 de diciembre el presidente Barack Obama y su colega cubano, Raúl Castro, anunciaron un proceso de normalización de relaciones que debe incluir el levantamiento del embargo.

Los defensores de levantar el embargo, que depende exclusivamente del Congreso, consideran que es algo que a la larga ayudará a un cambio de Cuba hacia la apertura y el respeto de los derechos humanos, y su incorporación a las sociedades democráticas.

“No necesariamente hay que estar de acuerdo con la política del gobierno (de Cuba) o su ideología para entender que tanto el pueblo cubano como el estadounidense se van a beneficiar con esto”, declaró a los periodistas el representante demócrata Raúl Grijalva, en relación a la normalización de relaciones. (EFE)

DATOS

- En enero fue la Administración de Obama la que tomó la iniciativa con una serie de medidas para suavizar algunas restricciones a los viajes a Cuba.

- Toca el turno al Congreso, y en ambas cámaras ya hay presentadas sendas iniciativas para el levantamiento total del embargo, pero su futuro y el plazo para lograrlo es incierto.

- El Congreso tiene fama de lento, pero el plazo dado por el legislador Grijalva, dos o tres años, no parece muy apremiante.