A casi cuatro años

Víctimas de dictaduras esperan lograr acuerdo con Gobierno



LAS CARPAS QUE FUERON INSTALADAS FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA.
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A casi cuatro años de permanecer en vigilia frente al Ministerio de Justicia, las víctimas de los gobiernos dictatoriales esperan que con el acercamiento realizado hace una semana se llegue a un acuerdo que satisfaga a quienes entregaron parte de su vida por la defensa de las libertades democráticas; muchos de los cuales perdieron la vida en ese propósito.

El presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria del Pueblo Boliviano, Julio Llanos Rojas, dijo que el acercamiento se dio tras recordar el pasado 17 de julio 25 años del golpe de estado liderado por el entonces general Luis García Meza.

Llanos sostuvo, en entrevista con EL DIARIO, que se busca el cumplimiento de la Ley 2640 y la perspectiva de que otras víctimas, que no pudieron acogerse a la norma puedan hacerlo sin plazos, tal como las Naciones Unidas indica en su resolución que fue notificada a todos los países de Sudamérica.

“Las personas que no acudieron a presentar sus documentos que demuestren ser víctimas de la dictadura, no lo hicieron por falta de información, o por la lejanía, ay que viven en el área rural”, explicó.

Al respecto, la ministra de Justicia sostuvo que se debe analizar el pedido de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria del Pueblo Boliviano para lograr el resarcimiento por los daños sufridos durante gobiernos de facto.

Para tal efecto la primera reunión entre representantes de la Plataforma de Víctimas de la Dictadura y representantes del Ministerio de Justicia fue el pasado sábado 25 de julio oportunidad en que se conformaron grupos para trabajar durante dos meses. Revisarán las listas de las personas que califican para recibir el beneficio que les otorga la Ley 2460 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política.

Julio Llanos dijo que la reunión fue el resultado de los compromisos que se hicieron el 19 de marzo de este año, en Washington. La llegada del papa Francisco a Bolivia impulsó a este acuerdo cuando el religioso instó a “no construir muros sino más bien a derribarlos”.

Los representantes de las víctimas de la dictadura esperan que los documentos sean analizados con “seriedad, compromiso y responsabilidad política”. Llanos dijo que “no se han fijado plazos (pero) si se le da continuidad, en dos meses (un acuerdo) estará concluido”.

Asimismo, hizo referencia a que algunos requisitos como el certificado de tortura emitido por un médico forense es “imposible de conseguir” o un testigo que indique el grado de lesión e impedimento que ha causado la tortura, el certificado del inicio y conclusión de la persecución y el pasaporte original de exiliados.

“No es posible cumplir. En ese entonces no habían forenses, cómo tener pasaporte si han salido casi en calzoncillos con un cartel que decía delincuente político, sin derecho de retornar”, reclamó.

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