Desconocimiento de la meritocracia

En el área de jubilaciones se está incurriendo en un grave atentado contra la meritocracia, con la aplicación de la modalidad denominada “inversamente proporcional”, en los reajustes anuales de las pensiones.

Afecta a quienes perciben rentas desde 3.000 bolivianos, lo cual consiste en restarles el 50 por ciento del aumento que les corresponde, para favorecer a los jubilados que perciben pensiones por montos menores. O sea que se pretende realizar, a costa suya, una obra de bien social que, en buen romance, se atribuye el régimen imperante.

Nadie puede cuestionar que los jubilados que reciben pensiones menores a Bs. 3.000 consigan sus propios reajustes y que adicionalmente se les conceda un monto mayor, pero éste debe ser pagado por el Tesoro Fiscal. En caso alguno, por aquellos jubilados que en virtud de su competencia y rango profesional logran escalar cargos de mayor responsabilidad y, consecuentemente, con asignaciones salariales más elevadas que el personal subalterno.

Cuando esas personas obtienen ingresos mayores, por las motivaciones anotadas, su efecto se traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, tanto en materia de vivienda, como en alimentación y vestuario.

Empero, con la escala de los ajustes de pensiones “inversamente proporcionales”, como jubilados no pueden mantener ese bienestar personal y familiar; explícitamente, se los condena a reducirse a la pobreza, justo en circunstancias en que por derechos adquiridos, personalmente, podían tener aceptables condiciones de vida en la senectud.

Este es un proceso legítimo que se registra en todas partes del mundo, pero en Bolivia a los jubilados que, por méritos propios, ejercieron altas funciones de conducción de las instituciones donde trabajaron en su vida activa, se los castiga a descender en sus condiciones de vida, en buena parte de los casos a tener que pasar sus días finales dramáticamente reducidos a la miseria.

Aunque el índice inflacionario que mensualmente presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) luce siempre bajo, al gusto político de sus superiores, en los hechos los precios de los alimentos y otros gastos diarios de las familias, constantemente están en alza.

La condena que pesa sobre los jubilados que ganan algo más de Bs. 3.000, se puso en evidencia, este año más, en los aumentos de las pensiones. A los trabajadores activos se les otorgó el aumento salarial del 8,5% mensual, en tanto que a los jubilados se les otorgó el 6%. La diferencia no sólo quedó ahí para los que perciben pensiones mayores a Bs. 3.000, sino que este porcentaje se disminuyó, en los hechos,

apenas al 3%.

De esta manera, para un jubilado que tiene la pensión de Bs. 3.400, por ejemplo, el aumento que recibe se limita a Bs. 160, cuando en legítimo derecho le correspondía recibir Bs. 320, pero como a su costo se pretende efectuar una política social demagógica, se los “descarta” del derecho de reconocérseles, aunque sea modestamente, la competencia y el profesionalismo que en el trabajo activo habían demostrado, al ascender a puestos de jerarquía y, por tanto, ser mejor remunerados.

Los que no sabresalieron en el trabajo diario, reciben ahora el premio de mejorar sus percepciones jubilatorias en perjuicio de los que lograron clasificarse en el rango de la meritocracia. A sus años provectos, lo que se les aplica a éstos es el castigo, el desconocimiento a su competencia y capacidad cuando eran trabajadores activos.

En definitiva, es injusto que en su caso rija ese invento de la regla “inversamente proporcional”, cuando se otorga aumentos salariales anuales en las rentas jubilatorias. Las autoridades que con tanta soltura y desconsideración a la meritocracia imponen tal tratamiento es porque, mientras ellas gozan de las “mieles” del poder, a los que supieron demostrar mejores condiciones de trabajo, cuando eran activos, sufren el relegamiento a un segundo o tercer plano en sus condiciones de vida a la vejez.