Aunque el Órgano Ejecutivo dice continuamente que los procesamientos a miembros de la oposición o disidentes, son resorte exclusivo de la Justicia Ordinaria, la cual actúa en ejercicio de su función natural de perseguir la corrupción, se da una serie de casos en que los procesados pertenecen a la oposición o son exautoridades de esa misma posición, víctimas de enjuiciamientos por presuntos delitos, pero en ausencia de pruebas confiables.
El caso más reciente corresponde al exgobernador del Beni, Carmelo Lens, a quien se le inició un juicio por enriquecimiento ilícito y beneficios en razón del cargo, encontrándose detenido en el penal de Mocovi. El juez de la causa, Jesús Martínez, dio crédito a un documento confuso que hace aparecer a Lens recibiendo la propiedad de un vehículo a cambio de beneficios que habría otorgado. La situación se torna rocambolesca porque quien entrega el motorizado es el exsubgobernador de la provincia Cercado, Luis Enrique Monasterio. Éste se encontraba con detención domiciliaria por delitos de corrupción y fugó a tiempo de poner a la vista el documento contra Lens, merced a que no tenía custodia policial. La defensa del exgobernador alega como “burda falsificación” la firma de su cliente y afirma que la fuga fue pactada con el MAS para incriminar a quien fue Gobernador hasta hace poco.
Más allá de la ligereza -por decir lo menos- del fiscal Yasmani Cortez al aceptar un documento firmado sin verificar grafológicamente su autenticidad y del juez Martínez, dócil a ese requerimiento, estas acciones vendrían a confirmar que los designios políticos persecutorios son evidentes. Es más, no es necesario poseer fino olfato político para persuadirse de que se desarrolla una estrategia para sentar reales omnímodas en el Beni, luego de que el Tribunal Electoral Departamental diera paso a la más inaudita medida, anulando cientos de candidatos de la lista opositora en vísperas del acto eleccionario. Entronizado así el oficialismo en la Gobernación del Beni, se ha iniciado la etapa de poda de opositores, con el agravante de que un proceso de fondo político sea una advertencia desalentadora contra los que pretendan oponerse.
Cuando Lens se desempeñaba como Gobernador interino y su departamento se hallaba anegado por intensas lluvias, se disponía a viajar a una provincia de su jurisdicción para llevar auxilio económico de emergencia, fue conducido a un recinto policial por un simple agente, acusado de transportar dinero en efectivo, hecho denigrante, cuyo objetivo era restarle autoridad ante la comunidad beniana. Si el hecho relatado hubiera tenido alguna legalidad, seguramente Lens estaría purgando ahora el supuesto ilícito.
La instancia del Ministerio Público y los jueces tan dispuestos a actuar con celeridad contra los desafectos del régimen, son tardos y lerdos para ajusticiar graves latrocinios que terminan en olvido o tácita amnistía, como el más que millonario desfalco del Fondo Indígena, con sólo unos pocos subalternos detenidos.
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