Recientes noticias me han inducido a pensar que estamos viviendo un periodo de contradicciones porque el país está embarcado en ejecutar grandes proyectos, los cuales son entregados, en algunos casos, mediante contratos directos, sin licitaciones, haciendo abstracción total de las normas legales, a empresas extranjeras, lo que significa que Bolivia ha decidido fomentar el desarrollo de otros países. Lo que es una contradicción para un gobierno que se dice ultranacionalista, socialista e indigenista.
Esta actitud es criticada por la Cámara Departamental de la Construcción, la cual con una actitud que me parece poco valiente ha solicitado que se exija en los contratos con las empresas externas otorgar la participación a las empresas nacionales por un 30%. Esto representa un flagrante retroceso de lo que se había logrado hasta hace 10 años, cuando en el país, en su mayoría los contratos eran ejecutados por empresas nacionales, tanto en consultoría como en obras.
¿Por qué ese comportamiento? ¿Se quiere disminuir la importancia económica de las empresas nacionales?
La Cámara aludida señala que se habría adjudicado a las empresas extranjeras obras por valor de US$ 3.600 millones. Ejemplos abundan. Want Huatao, ingeniero civil de profesión, en una entrevista pública afirma: en Bolivia existen al menos 20 empresas chinas operando en diversos sectores. Sin embargo, según páginas web corporativas y agencias nacionales de noticias, siete son las compañías que se dieron a conocer a través de proyectos, principalmente públicos, como Sinohydro Corporation, que ejecuta la planta hidroeléctrica San José (con $us 235 millones de inversión); Sinopec, que pasó de prestar servicios en hidrocarburos a ejecutar proyectos viales, como la cuarta fase del tramo Comarapa - Siberia ($us 51,3 millones de inversión) o la construcción de la doble vía Yapacaní-Puente Ichilo ($us 80,6 millones); Shenzhen Vicstar, que desarrolla el ingenio procesador de metal en Huanuni (con $us 50 millones) y la firma Hidrochina Zhongnan que construye la planta eólica en Qollpana, Cochabamba. Entre las siete firmas administran proyectos por más de $us 1.000 millones, algunos ya en fase de conclusión y otros en inicio.
A lo anterior hay que añadir el proyecto que nunca se acaba: Misicuni. En julio de 2014, las empresas Camce Engineering de China y Tecno Suelos de México se adjudicaron tres de los cuatro paquetes licitados para dar continuidad a las obras de construcción del Proyecto Múltiple Misicuni. Sin embargo, hace poco el Contralor “interino” del país, denunció demoras en las obras y anunció iniciar acciones legales sobre este particular.
El presidente de la Cámara de Cadecocruz, Guillermo Schrupp Rivero, el pasado año desestimó algunas críticas del Presidente del Estado, cuando mencionó que sobran ejemplos de la seriedad, el compromiso y el cumplimiento de las empresas constructoras bolivianas en general, y cruceñas en particular (en el desarrollo y ejecución de proyectos y obras). “Más de la mitad de carreteras nacionales han sido construidas directamente por bolivianos, y el resto indirectamente, porque las extranjeras terminan subcontratándonos con precios mucho menores que los adjudicados”, señaló.
Como ejemplos, Schrupp citó el aeropuerto Viru Viru, “obra emblemática del departamento”, que fue construido por empresas locales. El gasoducto a Brasil fue encarado por empresas nacionales, que hoy se han abierto a mercado en el Perú y en otros países. “Nuestra ciudad ha sido en su mayoría construida por empresas y capitales nacionales, incluyendo sus viaductos, pasos a desnivel, pavimento, iluminación, puentes y decenas de edificios”.
Todo lo anterior demuestra la contradicción entre la retórica en la defensa de lo nacional, cuando en los hechos se prefiere contratar empresas extranjeras.
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