Hay mucha preocupación en los productores de trigo del país por la falta de políticas que incentiven la producción y por la permisividad que existe para el contrabando. Productores del oriente y de las regiones de valles consideran necesario que se adopte medidas para frenar las importaciones con divisas baratas que deprimen los precios del trigo nacional y perjudica y desalienta gravemente a quienes podrían producir en el país.
Si a todo ello se agregan las donaciones de trigo y harina, que luego el Gobierno comercializa con precios bajos, el problema se agudiza y resulta complotando contra la producción nacional que es la única que permite un valor agregado por el hecho de utilizarse los remanentes del trigo, como son la harina morena, el afrecho, el afrechillo y, sobre todo, permite que las molineras trabajen y den empleo. En cambio, cuando hay importación sólo de harina, ese valor agregado lo aprovechan los productores en los países de origen y, al vendernos a cambio de dólares que tenemos baratos y son caros en esos países, los beneficios que logran son cuantiosos.
El grave problema del contrabando es delito que no tiene freno y la harina y el trigo se han convertido en artículos de fácil ingreso al país, facilísima comercialización y productores de grandes beneficios que no contribuyen al fortalecimiento de la economía, no proporcionan trabajo y no pagan impuestos; por otro lado, esa economía ilegal aprovecha de esos productos para reexportarlos a otros países porque los adquiere con precios bajos en el mercado y los vende caro en las fronteras.
Hasta hace por lo menos 40 años, nuestro país era considerado autosuficiente en trigo porque algunos departamentos -caso Cochabamba- eran considerados “emporios trigueros” por su alta producción; aunque en menor cantidad, Chuquisaca y Potosí también producían trigo; por supuesto, Santa Cruz y Tarija contribuyeron mucho a que los mercados nacionales estén debidamente cubiertos con producción anual segura; pero la competencia de las importaciones, tanto legales como ilegales, determinaron que los productores se desalienten y bajen las ofertas de trigo nacional. Ningún Gobierno quiso ni pudo frenar estas políticas contrarias al país y a importantes contingentes de productores.
Cainco, CAO y muchas instituciones que tienen que ver con la producción triguera, han mostrado preocupación por las políticas contrarias que vive el país en relación con la provisión de alimentos. Estas entidades señalan que la falta de incentivos y garantías; las importaciones indiscriminadas de trigo y harina y el contrabando determinan que ellos no puedan retomar las riendas de producción de trigo y consiguiente provisión de harina. Es, pues, el Gobierno quien debe adoptar políticas de beneficio para el país y no que sean favorables a lo foráneo y al contrabando.
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