Trato ultrajante a periodista

En una especie de confabulación entre la justicia ordinaria y la Policía Nacional, el periodista potosino Juan Carlos Paco Meramendi, de 52 años de edad, fue víctima de tratos hasta ultrajantes. Su detención por parte de la Policía se produjo cuando estaba tomando fotografías de la golpiza que le propinaban a un minero cooperativista.

Pese a que estaba en el desempeño de su función periodística, se le imputó de ser uno de los autores del estallido de violencia que se produjo en las afueras del inmueble que ocupa el Viceministerio de Régimen Interno, la tarde del 22 de julio.

En esa ocasión, los cívicos del Departamento de Potosí, que se movilizaron hasta la ciudad de La Paz, para que el Gobierno atienda su petitorio de 26 puntos, fueron hasta las puertas de dicho Viceministerio para iniciar el diálogo sobre su petitorio, pues el documento lo dejaron en la mañana al ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero.

Como habían experimentado en otras ocasiones, supusieron que el Ministro los recibiría en la tarde, para ponerse de acuerdo sobre la apertura del diálogo que habían solicitado. Sin embargo, cuando fueron al Viceministerio de Régimen Interno, que tiene los espacios necesarios para recibir a los cívicos, resultó que no encontraron la disposición oficial para sostener la reunión preliminar con el ministro Romero.

Esto causó malestar entre los cívicos, lo que dio lugar a que se descontrolen e inicien actos de violencia en las puertas de dicho Ministerio. La Policía prontamente se puso en acción y tomó acciones represivas contra los cívicos. Una de esas circunstancias fue la que originó que el periodista Paco optara por fotos de la agresión física que los policías le inferían al minero cooperativista.

Los policías prontamente apresaron a Paco, inicialmente para pedirle su credencial de periodista. Éste le entregó a uno de los uniformados. Acerca de ello, este el relato que hizo cuando Erbol lo entrevistó, después que recuperó la libertad:

“Le di (la credencial), me la quitó y prácticamente la hizo desaparecer. Después, vino otro policía y me pidió mi carnet de identidad y vio que en mi lugar de nacimiento decía “Potosí”, entonces quiso detenerme y yo me resistí. En el forcejeo, el policía que tenía mi carnet desapareció. Es decir, me detuvieron cuando sacaba fotos de la golpiza que recibía un minero”.

Agregó que su grabadora y la cámara fotográfica le fueron también confiscadas por los policías y cuando recuperó la libertad no se las devolvieron.

“Me subieron con tres o cuatro personas más a un carro –continuó declarando- y allí nos agredieron brutalmente. Luego, nos hicieron recorrer por las calles de la ciudad, mientras éramos pisoteados y abusados. Al llegar a un cuartel, nos hicieron sacar las chamarras, el chaleco y nos taparon la cabeza”. Por último, Paco expuso: “No me dejaron trabajar, no me comprobaron ningún delito”.

Pese a que con sus documentos e instrumentos de trabajo, el periodista potosino demostró fehacientemente que sólo estaba cubriendo la información de la marcha y movilización del Comité Cívico Potosinista, entre la Policía y la justicia ordinaria dispusieron su reclusión en la cárcel de San Pedro, como si fuera delincuente.

Los siete días que estuvo en esta condición, junto con otros tres cívicos igualmente detenidos, presumiblemente con la idea de involucrar al periodista con los marchistas potosinos, se le inició un juicio. En el mismo, ni el Ministerio Público ni la Policía aportaron con pruebas legales que le imputaran por alguno delito penal que hubiera cometido.

El trámite judicial, que podía ser despachado en cuestión de horas, porque no había prueba alguna que lo incriminara para ser recluido en la cárcel de San Pedro, se prolongó por cinco días, hasta que fue sometido a una audiencia cautelar, oportunidad en la que Paco demostró que su aprensión era totalmente injustificada. Se dispuso su libertad “condicional”, no obstante que el cargo que se le formulaba era totalmente ilegal.

Pero las humillaciones sufridas por el periodista no concluyeron ahí, para recuperar la libertad tuvo que presentar garantes, exigencia que se impuso igualmente a los tres cívicos que se encontraban en la misma situación suya.

Para la presentación de la garantía tuvo que confrontar otra serie de penalidades, pues le fue dificultada artificiosamente, para hacerle padecer por más tiempo los rigores del injusto apresamiento del que era sujeto. Al final, lo ultrajaron poniéndole manillas, al igual que a los tres cívicos, para sacarlos de la cárcel de San Pedro. A los cuatro los embarcaron en un minibús del servicio público, para conducirlos hasta el lugar donde les devolvieron la libertad, después de 48 horas de la orden judicial respectiva.