Guaraníes impugnarán decretos que autorizan actividad petrolera

Tras el ampliado que realizaron sus afiliados entre miércoles y viernes pasado, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) prepara la presentación de una Acción Popular que buscará, mediante un recurso Amparo Constitucional, la anulación de tres decretos supremos que autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas.

ASAMBLEA

La magna asamblea de la APG se realizó en Macharetí, Chuquisaca, para analizar los tres decretos, que, señalaron los dirigentes indígenas, “vulneran los derechos” de los guaraníes y de los pueblos indígenas bolivianos en general.

EXPLORACIÓN

Uno de los decretos, el 2366, autoriza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas; igualmente el 2195, que refiere la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales estratégicos y el 2298, que trata a la consulta previa a los pueblos indígenas. Los guaraníes creen que estos decretos violan la Constitución Política del Estado porque alientan la explotación petrolera en sus territorios.

GRUPO AFÍN

Otra facción de los guaraníes, que se autodenomina APG Itika Guazu (APG-IG), y que es simpatizante del Gobierno, recibió al presidente Evo Morales la semana pasada en Ñaurenda, Tarija, y dijo que respalda los tres decretos. El Presidente indicó que ellos “serán compensados” por la actividad petrolera y que debe “acelerarse” el proceso de consulta previa.

TIEMPOS

La APG no ha establecido cuándo se presentará la Acción Popular destinada a demandar la anulación de los decretos mencionados.

CONSTITUCIÓN

La CPE establece que “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medioambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

DEFENSOR

El pasado 1 de julio, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ante el TCP un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2195 de compensación a indígenas por los impactos ambientales de la explotación minera e hidrocarburífera con el argumento de que viola el derecho a la libre determinación.

ACUERDO

La asamblea de Macharetí contó con representantes de 25 capitanes zonales guaraníes de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz y, además de pedir la Acción Popular, rechazaron el acuerdo firmado en Ñaurenda por la APG proclive al MAS.

En Macharetí los guaraníes recordaron todos los artículos de la CPE y normas de NNUU, que defienden su derecho “a la autonomía, autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”. Dicha normativa como el Convenio 169 fue ratificada por el poder Legislativo y que, en consecuencia, tienen fuerza de ley.