Romanticismo confrontacional versus realidad

Los graves acontecimientos vividos recientemente con motivo de las demandas del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), que ha contado con amplio apoyo, es un tema que debe llevarnos a una profunda reflexión, acerca de las competencias que debe tener un Estado y sus posibilidades de hacerlas efectivas. El gobierno, ya en el año 2010, se había comprometido con Potosí hacer realidad 26 pedidos; entre ellos se destacan los compromisos de construir fábricas, hidroeléctricas, hospitales, caminos, un aeropuerto internacional. Adicionalmente, proveer de energía eólica, hacer exploración de yacimientos mineros y petroleros, ítems para salud y educación, etc.

Seguramente, en el seno del gobierno, nadie pensó que ese reclamo, que comenzó en los primeros días del mes de julio, alcanzase la magnitud que se ha visto, el mismo que vino acompañado de violentas manifestaciones y bloqueo de caminos.

¿Cuál es el problema de fondo? Lamentablemente en estos casi diez años, el gobierno del presidente Morales generó una imagen de que en Bolivia se había dado un gran salto en su capacidad productiva, lo que lamentablemente no es cierto. Es cierto que se tuvo una buena tasa de crecimiento económico, superior a la observada antes, pero esto no cambió la estructura económica del país, pero sí aumentó el ingreso per cápita. Pero seguimos siendo una economía atrasada especializada en exportar pocas materias primas lo que nos permite financiar las imprescindibles importaciones para que toda nuestra actividad económica funcione. Bolivia es una economía de mercado, con agentes económicos dominantemente informales donde sus participantes tienen una baja productividad. Esto viene acompañado con la presencia de una administración pública harto ineficaz.

Según datos que procesa el Banco Mundial, para el año 2013, Bolivia alcanzó un ingreso nacional per cápita de $us. 2,550, ocupando el lugar 159 en un total de 219 países y regiones. El país con más alto nivel de ingreso per cápita supera los 100 mil dólares americanos.

A esto hay que sumar la aprobación, por referéndum, de una Constitución Política del Estado que no sólo promete a los bolivianos “vivir bien” sino que pasa la responsabilidad de todo al Estado. Por esto la gente ahora espera todo de él, sin percatarse que el bienestar económico es un proceso evolutivo que descansa en el continuo esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos de un país, organizados en una economía competitiva de mercado, con bajos impuestos y con una administración gubernamental que cumpla bien sus específicas funciones. El Siglo XX fue testigo del completo fracaso de la ideología socialista que creía que se podía alcanzar el ansiado desarrollo económico transfiriendo las actividades económicas al Estado.

Los extraordinarios precios alcanzados de las materias primas que exportamos, en particular el gas, permitieron al gobierno en sus diferentes niveles incrementar el gasto público, el mismo que a nivel de gobierno general (excluyendo empresas públicas) alcanzó el año 2014 un preocupante 40 por ciento del PIB. Pero este año comenzó la significativa disminución del ingreso gubernamental proveniente de los impuestos a los hidrocarburos, el cual debería venir acompañado por una disminución del gasto gubernamental, si es que se quiere impedir peligrosos problemas en el futuro. Pero en este contexto, las regiones quieren que el gobierno les asegure mayores recursos para financiar sus enormes necesidades. No se percatan que ningún gobierno estaría en posibilidades de atender todos los requerimientos de las regiones. Incluso hay destemplados planteamientos, en algunos gobiernos departamentales, que están viendo la forma de que la ley les permita crear nuevos impuestos para de esta manera financiar sus gastos, sin percatarse que el país, dada su baja productividad, ya tiene altas tasas impositivas, lo que a su vez incentiva y hacer crecer, cada vez más, a la economía informal. Pero esta economía que no paga impuestos, genera ingresos, lo que permite a los pobres tener el pan de cada día.

Los “cientistas” políticos que más parecen “cuentistas” abstractos suponen que la política es la actividad por medio de la cual las sociedades avanzan. Por eso la obsesión por ampliar la participación política de la gente. Creen que cuando más politizada está la sociedad es mejor.

Los “cuentistas” políticos creen en procesos históricos “racionales”, que alcanzan el bienestar general, cuando la racionalidad fundamental de la política es conseguir poder, mantener y acrecentarlo. Su fe es ciega en el poder de la política, por lo que sus divisas son el fortalecimiento del Estado, están a favor de las nacionalizaciones y expropiación de empresas. Cuando más presencia tenga el Estado sobre la actividad económica creen que es mejor.

La solución para los cuentistas políticos es politizar a la sociedad, bajo el lema de que: “hay que dar mayor representatividad a la gente”. Producto de esto vendría luego las propuestas de políticas para que los gobiernos implementen. ¿Cuáles? Si esto se logra, entonces avanza la democracia y se resuelven los problemas. ¿Cuáles?

Son amigos de la “democracia participativa”. Como los problemas se resuelven políticamente, “idealmente” buscan la participación de todos, cuando la realidad demuestra que cuando esto sucede todos llevan el agua a su molino, generándose el caos. Como el caos no puede ser permanente, en definitiva llega la imposición violenta del que tiene más poder sobre los demás, dando por concluidos los angelicales procesos de democracia participativa.

El autor es Profesor emérito de la UMSA y Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.