“Ineficiencia orgánica” de la justicia

Autoridades representantes de la administración del Estado han vuelto a pronunciarse en sentido crítico acerca del estado de la justicia en Bolivia y una de ellas ha hecho revelaciones notables acerca del narcotráfico en Bolivia y definió el estado del aparato judicial con conceptos que demuestran la gravedad de la salud de este órgano del Estado, aspectos específicos que no pueden pasar desapercibidos por la opinión pública, cuyo único medio de expresión es la prensa diaria.

La declaración oficial señaló que Bolivia ya no es sólo víctima propiciatoria del tráfico de drogas, sino también se caracteriza por ser centro de trata de personas, tráfico de drogas y desaparición de personas. Es más, al mismo tiempo que el país adolece de esos graves problemas, -según la autoridad- es también país de origen, tránsito, destino y hasta consumo de drogas, en particular, el estupefaciente denominado cocaína que se deriva de la hoja de coca.

Esa declaración oficial agregó que esos lamentables hechos serían producto de la ineficiencia judicial que está en tela de juicio y que habría llegado a tal nivel que sería necesaria su total erradicación en los moldes actuales y sustituida por una “justicia revolucionaria”, a decir de los máximos gerentes de la administración estatal.

Lo notable del punto de referencia es que el Viceministro de Justicia hizo esa declaración, definiendo a la justicia boliviana como un mecanismo del Estado que padece de “ineficiencia orgánica, apreciación que constituye una definición oficial que va mucho más allá de apreciaciones superficiales y que se refiere a la estructura misma de ese organismo que es uno de los pilares más importantes del Estado, aparte del Ejecutivo, Legislativo y Electoral, que por lo demás también son objeto de críticas de consideración.

El asunto de la crisis judicial en debate público emergió nuevamente después de un visible olvido, con motivo de una declaración del Viceministro de Justicia, quien dio a conocer de 184 juicios por asuntos de narcotráfico, sólo 12 (!) tuvieron sentencia, hecho que no deja de causar alarma y pone en duda no sólo a los funcionarios del Órgano Judicial, sino de la situación personal de los magistrados encargados de poner en orden las cosas. Al respecto, dicha autoridad agregó con visible preocupación que de 1.300 causas incoadas, entre los años 2012 y 2015, sólo 184 llegaron a juicio con el agravante de que sólo 12 tuvieron sentencia. Es más, los otros casos denunciados habrían sido archivados y las sentencias no estarían a la altura de los delitos.

A esos aspectos que revelan la crisis del Órgano Judicial se debe agregar un dato oficial más. Las víctimas de esa “ineficiencia orgánica judicial” serían los niños y adolescentes, referencia estadística que mueve a una opinión lastimera sobre el aparato judicial, su administración y sus funcionarios, entre los cuales existen sin duda algunos que no caen dentro de esa clasificación.

La denuncia del Viceministro de Justicia mostró también otros agravantes. Afirmó que durante el año 2014 las dependencias estatales recibieron nada menos que un total de 3.783 denuncias sobre desaparecidos, de los cuales un notable porcentaje son de menores de edad. El dato agrega que 2.283 desaparecidos fueron encontrados y que ¡1.500 siguen desaparecidos! Son datos estadísticos denunciados y registrados en las dependencias del gobierno que, sin embargo, serían menores a los que se produjeron, pues una parte de ellos no habría sido puesta en conocimiento administrativo.

Los datos numéricos son verdaderamente sorprendentes y un juicio de valor acerca de ellos no requiere esfuerzo intelectual, es decir que surge de por sí entre la población que es víctima de un estado de cosas que, sin embargo, es producto de causas tal vez de mayor magnitud, pero que generalmente no se toma en cuenta en las altas esferas de los gobiernos en general.