Alertan sobre abusos a niñez en norte paceño

(ANF).- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que en los últimos dos años los casos de violencia sexual seguidos de muertes en poblaciones del norte de La Paz se han multiplicado de manera “pavorosa”, convirtiendo a esa región en una de las más peligrosas en el país para la vida y la integridad de las niñas. Reclamó la actitud de completo desinterés e insensibilidad de las autoridades nacionales y locales para enfrentarla.

“Por los datos que se tienen hemos concluido que en el norte de La Paz, los municipios de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, además de zonas como el sur de Tarija, son áreas que más casos registran y más allá de algunas señales de preocupación en Santa Cruz, no vemos indicios que nos muestren que las autoridades hayan asumido ninguna acción sobre este tema. (…). Los casos de violencia criminal contra las niñas, niños y adolescentes están acompañados de la desidia, desinterés y hasta complicidad de las autoridades de todo nivel que, pese a la gravedad de los hechos, ya ni siquiera se preocupan y menos asumen la responsabilidad que les corresponde”, dijo el Defensor.

Por la gravedad de la situación, la autoridad planteó trabajar integralmente entre el Estado, la sociedad organizada y las instituciones. Villena propuso que el Estado trabaje en una norma específica contra la violencia a la niñez. Pidió además que la sociedad fortalezca la capacidad y sensibilidad de la madre como primera protectora y generar acuerdos con medios de comunicación, organizaciones sociales y el sistema escolar. Finalmente anunció que en los próximos días presentará una propuesta en ese sentido junto a los Consejos Departamentales de la Niñez, que la Defensoría ha conformado en todo el país.

Recordó a la población que al Ministerio de Justicia le corresponde asumir políticas nacionales y a las gobernaciones, y municipios, fortalecer a las áreas responsables. “Ninguna de estas instancias muestra voluntad, capacidad ni interés”, lamentó Villena.

La autoridad hizo especial mención al caso de la niña violada y asesinada en Chulumani días atrás, sumándose a las decenas de casos que se registraron en los primeros meses del año en Bolivia, todos con patrones comunes: las víctimas son niñas menores, los criminales generalmente son familiares cercanos y las violaciones están acompañadas de tortura o muerte.

Comentó que, días atrás, el ente defensorial realizó un encuentro en Coroico con cinco alcaldes del norte paceño, junto a autoridades de la Gobernación de La Paz, para firmar un acuerdo que permita luchar contra la violencia que está sufriendo la niñez en esa región. “Fue precisamente el Alcalde de Chulumani el que se negó a considerar el tema aduciendo que el problema no era importante”, recordó.

Villena informó que durante 2014 se identificaron 73 casos de infanticidios y en lo que va de esta gestión, son 30 los hechos que se han conocido. Además, el defensor estimó que cada día en Bolivia ocurren alrededor de 16 casos de abuso sexual.

Explicó que las niñas entre cinco y 14 años se encuentran en una situación particularmente grave en Bolivia, especialmente por la violencia sexual que la sufren en sus casas, escuelas o en las calles.  “Es una forma de vida en la que muchas veces los padres, hermanos o familiares perpetra, las madres la ejercen, la socapan o la justifican y la sociedad la tolera”, aseguró.

Señaló además que la impunidad alcanza principalmente a los poderosos, colocando como ejemplo a la Asamblea Legislativa que, supuestamente, decidió proteger, por ejemplo, a uno de sus miembros, el asambleísta Jacinto Vega, dilatando el análisis de su caso y dándole el “beneficio de la duda”, pese a que está acusado por dos niñas de haberlas violado en Villamontes.

Según el Defensor, estos hechos llevan a reconocer que la violencia contra la niñez es el problema principal para el cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia.  “El problema más grave, dijo, es que es una población a la que no se le escucha, la gente no cree lo que los niños denuncian y las entidades encargadas de su defensa y protección carecen de los medios, recursos e interés, pese a que la Constitución determina que su atención es prioritaria”.