Gobierno tiene la llave para acelerar inversión pública

En reiteradas oportunidades, autoridades del sector económico señalaron la falta de capacidad de las entidades territoriales, gobernaciones, municipios, hasta universidades, de ejecutar sus presupuestos, y que no había motivo de aumentar los presupuestos debido a que tenían en caja y banco recursos. Dario Monasterio, magister en economía, señala que la solución para acelerar la inversión pública está en la cancha del gobierno.

El pacto fiscal, la autonomía, son herramientas que pueden acelerar la inversión pública. El primero inició el análisis y el debate final demoraría, posiblemente cinco años, el segundo necesita de recursos para desarrollar la política regional.

Monasterio señala que las normas estrictas y la burocracia frenan la ejecución de los recursos. Las gobernaciones y los municipios no pueden ejecutar sus recursos debido a que la aprobación de los proyectos está en manos del ministerio de Economía, cuya entidad autoriza el desembolso y aprueba las obras.

Y es por esa razón que el pacto fiscal podrá acelerar la transferencia de los recursos de coparticipación, en especial a municipios, ya que gobernaciones reciben recursos que vienen de las regalías mineras e hidrocarburíferas, cuya norma es más estricta para esta instancia.

CREAR TRIBUTOS

Ante un nuevo escenario mundial, en la que los precios de las materias primas caen, las gobernaciones deberán crear tributos para aumentar sus ingresos, y el inició para llegar a esta iniciativa es alcanzar un acuerdo a través del Pacto Fiscal: la nueva distribución de recursos.

La aprobación de los estatutos autonómicos será el inició de la autonomía, pero faltarán recursos, y por ello es que la norma permitirá a las regiones a crear sus propios tributos.

Como se recordará en el discurso del presidente Evo Morales, por las fiesta del 6 de agosto, informó que este año habrá una merma de recursos, 2.500 millones de dólares, debido al bajo precio de los minerales e hidrocarburos. La situación podría mantener por lo menos unos cuatro años más, según expertos en la materia; y si se multiplica la cifra por los años, Bolivia podría dejar de percibir aproximadamente 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, las autoridades nacionales confían en que la situación cambié el próximo año, y los precios muestren un alza.

CIFRAS

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las gobernaciones, los municipios y las universidades tiene a abril de la presente gestión un poco más de 14.000 millones de bolivianos en caja y bancos.

La cifra no fue ejecutada por las tres entidades a lo largo de la gestión del año pasado, y similar situación podría suceder en la presente gestión. De acuerdo al informe oficial, los municipios son los que más recursos no ejecutados tienen, 8.317 millones de bolivianos; seguido de gobernaciones con 3.155 millones de bolivianos; y tercero las universidades con 2.724 millones.

Los buenos precios de las materias primas provocaron mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación por concepto de la venta de minerales y gas.

El informe oficial muestra que en 2012 y 2013 se reportaron mayores sumas de recursos en caja y bancos, 15.827 millones de bolivianos y 17.295 millones de bolivianos, respectivamente.

Ante ese panorama, el gobierno en su momento señaló que las entidades territoriales deberían gastar lo que tienen.

OBSERVACIONES

Se estima que de 2009 a octubre 2014, un 10,8% de los Poas de cada gestión no se habría ejecutado, y que el crecimiento del saldo en caja y bancos por año estaría en 23 por ciento.

Un reporte al mes de octubre de 2014 del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (VPCF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señalaba que el saldo de caja y banco se había ubicado en Bs 29.055 millones, que representa el 11,2% del total del Presupuesto General del Estado (PGE), que fue aprobado en Bs 259.439 millones.

La razón del incremento obedecería a la reforma presupuestaria de 1990, según expertos en el tema, mientras otros atribuyen a una falta de planificación y estimación presupuestaria frente a los recursos que recibió el país; y otros refieren a poca capacidad de ejecución presupuestaria de las instancias públicas.

Pero tanto gobernaciones como municipios así como universidades rechazan que los recursos no ejecutados vuelvan de nuevo al gobierno central.