El Tribunal Supremo Electoral anunció que prepara detalles para la realización de un referéndum para que la población exprese su conformidad o no sobre los estatutos autonómicos; pero hay un problema previo que habría que salvar: el desconocimiento de la población sobre los textos respectivos. Se dice, por parte de muchas gobernaciones, que el texto “prácticamente no varía” a lo expresado en la Constitución Política del Estado.
Votar en un referéndum por un sí o un no sobre un tema que es desconocido, es pedir que la población “juegue a las adivinanzas”; es, en otros términos, creer que el pueblo tendrá que aceptar, callada y resignadamente, lo que las autoridades quieren. Hasta ahora, que se sepa, solamente Santa Cruz y Tarija tendrían conocimiento mínimo o parcial sobre textos autonómicos, pero nadie ha corroborado dicha afirmación que la hacen personas interesadas.
Se dice que los textos son similares a lo establecido en la Constitución Política del Estado; pero, cabe preguntar: ¿qué porcentaje de la población conoce, parcialmente o en detalle, lo que está consignado en la Carta Magna? ¿Las mismas autoridades tienen pleno conocimiento de los textos constitucionales? Lo cierto es que ni el Gobierno central ni las gobernaciones ni las alcaldías han hecho alguna publicación dando a conocer los textos constitucionales sobre autonomía y, menos, aquellos que al margen hayan sido redactados por las gobernaciones o municipios.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral tampoco ha divulgado los textos autonómicos y menos lo hicieron los tribunales departamentales; entonces, ¿sobre qué se basarán las preguntas en el referéndum? Parece que la pretensión es que la población vote a ciegas y sólo bajo el entendido de que “la Constitución consigna el texto”. Son, pues, extrañas las conductas que buscan, a toda costa, proceder a la realización de un referéndum por parte de los departamentos sobre un tema desconocido.
Es necesario concordar, por otra parte, en que si bien la autonomía es necesaria, debía haberse pedido opiniones a las diferentes instituciones del país y, por su parte, tanto las gobernaciones como las alcaldías, explicar a sus respectivas poblaciones los contenidos de los estatutos autonómicos; pero no lo hicieron y, como bien señalan muchas instituciones, hay mucha demagogia y populismo sobre el tema de las autonomías; nada concreto hay; los medios de comunicación tampoco han dado a conocer algún texto y menos lo han comentado.
El problema es delicado y el Gobierno conjuntamente el Tribunal Supremo Electoral son los que deberían examinar la inconveniencia de realizar referendos sobre lo desconocido o, simplemente, sobre la base de suposiciones en sentido de que “la población sabe y conoce y debe votar”. Este caso debe servir para el futuro y no hacer valer simples conveniencias electorales o para salir de dificultades con la población nacional que sí concuerda sobre la urgencia de autonomías.
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