Yatikipasijañani, diálogo directo

Un retorno coronado por lágrimas de impotencia marcó el fracasado proceso de las demandas sociales de hermanos potosinos al Gobierno central, cuya principal circunstancia estuvo caracterizada por el obstinado capricho del primer mandatario para evitar o delegar su obligada presencia ante las señaladas convocatorias.

“No hay nada que dialogar”, aseveró S.E. a través de sus ministros a la representación cívica de aquel departamento, con el convencimiento de que el 98% de las demandas de los cívicos -según el sórdido asesoramiento- ya estaba atendido. Se inició el regreso de los movilizados como llegaron, es decir sin nada (ni siquiera con las promesas consagradas oficialmente en la gestión 2010) y convencidos definitivamente de que la cúpula del Gobierno desinforma al Jefe de Estado.

De esta forma, la negativa del primer mandatario al diálogo frontal con los dirigentes cívicos reabre la polémica sobre el deber o exigencia de aquella herramienta de cultura, del careo para la discusión, o el debate, que es la presencia o diálogo directo, de antigua tradición, no solamente en el mundo occidental, sino principalmente en el ámbito originario y sus bases indígenas. Tal recurso consiste en enfrentar a la primera autoridad, en este caso al primer ciudadano o mandante, con sus impugnadores, en busca de un desenlace, aceptable o no, pero legítimo y genuino, evitando la clásica deslealtad, dolo y ocultación por epígonos de segundo o tercer nivel, prolijos únicamente en el cuidado de sus cargos.

“Siempre estamos dispuestos al diálogo directo; es decir todo con el diálogo, nada por la fuerza”, determinó con mucha inteligencia el presidente Rafael Correa en el Ecuador, asumiendo con su presencia y conciliación demandas campesinas, arribando a aceptables acuerdos, “porque definitivamente la pobreza no es culpa de mi gobierno”, señaló.

Pero el contacto personal no es una opción de S.E. o un favor que el Estado concede a ciudadanos que pretenden justicia y que pueda dejarse al arbitrio de terceros. Nuestra propia CPE plurinacional impone en sus atribuciones delegadas al Presidente (Art. 172, incisos 1, 2 y 4), además de las que establece la propia Constitución: mantener y preservar la unidad del Estado boliviano.

Pese a lo anterior, aún es tiempo de exhortar y recordar a nuestra primera autoridad sobre la necesidad de continuar con aquella formalidad personal, que se constituye en una confrontación imperativa e indispensable en el proceso de solución de problemas, buscando con su presencia clarificar caminos ante la comunidad, evitando la frustración y el resentimiento por su indiferencia e indolencia, particularmente y en contra de sus propios “movimientos sociales”.

Los problemas concluyentemente no desaparecerán ni se resolverán por sí solos. No tiene sentido, pues, que nuestro primer ciudadano tenga pánico al encuentro, ya que, como bien decía, por ejemplo, la prensa colombiana en ocasión de una última elección, “en la discusión, el que pierde gana porque se lleva la razón del otro”. Consecuentemente, con la conducta presente, S.E. de hecho está haciendo dejación de sus responsabilidades, no obstante toda la experiencia adquirida en el tiempo de su mandato y gestiones pasadas, por el hoy presuntamente aspirante a una ¡tercera reelección!

Ciro Félix Trigo, constitucionalista, emérito catedrático universitario, al respecto decía: “Dentro de un régimen democrático, la actuación personal y orientación directa de sus gobernantes cumple una función principalísima e insoslayable; lo que piensa el modesto vendedor de diarios, el hombre que pasa por la calle, el humilde obrero, como el acaudalado ciudadano, forman como resultado la opinión pública. Sin controversia directa, sólo prevalecerá la tiranía, y además no tendrían razón de ser las universidades, la investigación, ni los mismos tribunales de justicia que son contradictorios en su búsqueda de la verdad. Gobernaría la fuerza y nada quedaría para discutir, averiguar o desentrañar en forma conjunta”.

“Gobernar escuchando al pueblo” es una plausible premisa del actual Gobierno, pero no a través de terceros. Al respecto, Juan de Dios Yapita, renombrado lingüista, nos ilustra con el término más extenso del idioma aymara: Aruskiptsipxañanakasakipunirakispawa, que significa: “estamos obligados a comunicarnos porque tenemos el habla”.

La comunidad es limitada y necesita la presencia de sus líderes, no sólo para representarla, sino principalmente para contribuir y participar junto a ella, en forma abierta, con los resultados y conclusiones, con base en una responsable inquietud personal y directa por los asuntos públicos.

El autor es abogado.