Posiciones encontradas en APDHB por caso Porvenir

Posiciones encontradas se develaron ayer al interior de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuando la directiva de la institución pidió, a través de un documento, la continuidad del proceso contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir. La exautoridad identificó presión gubernamental en la Asamblea.

El 29 de julio, los abogados apoderados de la institución, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, retiraron la acusación en el caso, posteriormente, la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, acusó a los juristas de haber presentado el desistimiento sin la autorización del directorio que regenta. La versión fue desmentida a través de un memorial que fue entregado al Tribunal Sexto de Sentencia el 4 de agosto.

“Es importante tener una lectura clara de a dónde van estos desistimientos de las principales víctimas, lo que ahora fue refrendado por una decisión de Derechos Humanos a través de sus abogados, apoderados que retiran la acusación en el juicio. Esa lectura nos indica que está dirigida a un rechazo a la manipulación del poder político que hay en este juicio”, consideró Fernández.

Hace algunas semanas, desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre. Al respecto, el principal acusado mencionó que las mismas familias de los fallecidos en 2008, se dieron cuenta que el caso fue utilizado con fines absolutamente políticos.

CONTRADICCIONES

Una nota firmada por la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, y la vicepresidenta, Ligia Pinto, ingresó ayer al Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal de La Paz con referencia: “Solicitamos la continuidad del proceso” en contra de Leopoldo Fernández, por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, asesinato, lesiones y otros. Una vez más, aseguraron que los juristas dependientes de esa institución, actuaron de manera personal cuando presentaron un memorial para desistir acusaciones contra la exautoridad pandina.

No obstante, EL DIARIO accedió a otro memorial entregado por los abogados Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, que ingresó a la instancia judicial en fecha 4 de agosto de 2015, donde además de retirar el memorial de desistimiento, niegan las acusaciones realizadas por Herrera. La postura fue secundada por Suárez en contacto con los medios.

“(…) Hace tiempo nos preguntábamos en la Asamblea, cómo retirarnos del proceso para no tener implicancias en lo posterior y la señora presidenta, Yolanda Herrera, nos dio el visto bueno. Presentamos el memorial y comienzan a surgir repercusiones y la señora Herrera, lo que hace es lavarse las manos con nosotros, diciendo que nunca nos había autorizado (a retirarnos), lo cual es totalmente falso. Nos utilizaron para ver qué pasaba si nos retirábamos. Ahora, en Consejo Ejecutivo Nacional deciden seguir en proceso, porque vieron las repercusiones políticas que tendría el retirarse”, denunció la jurista.

EL MEMORIAL

En la parte final del memorial que fue presentado por los juristas, se denuncian presiones del Ejecutivo en la institución: “Nos encomendaron la tarea de buscar la manera de retirarnos de este proceso, y es más, en estas últimas semanas ya ha ameritado presión hacia nosotros como abogados apoderados (…) Consideramos que ya se entraba en la etapa final del proceso (…) nos servimos seguir el animus de la Presidenta de renunciar al proceso”.

APRECIACIONES

En tanto, Leopoldo Fernández, principal acusado, reiteró su denuncia en torno al manejo político que se hace del caso, desde que inició en 2008.

“Ahora nos hemos enterado que los abogados retiran aquello que habían presentado la semana pasada, pero señalan claramente que han sido presionados por el propio directorio de la Asamblea , aclarando que ellos en ningún momento tomaron una decisión personal, pero cuando retiran su acusación, mencionan que lo hicieron de manera orgánica, a nombre de la institución a la que representan. Queda absolutamente claro, cuál es el manejo que se tiene de este proceso”, aseveró.

Dijo que pese al retiro de las acusaciones, el Ministerio Público ya anunció que seguiría el proceso de oficio, “aunque no quede ningún acusador, lo que demuestra una vez más que obedece a la consigna política del Gobierno, que dejó dicho que continuará hasta el final”.

Fernández, una vez más denunció que con este caso se busca “cumplir una consigna dictaminada por el propio presidente Morales.

La exautoridad, considera que la orden de concederle 30 años de prisión, responsabilizándolo de todo lo ocurrido en Pando de 2008, continúa vigente.