Constitucionalista afirma que el Estado tiene una deuda en tema de justicia

El constitucionalista Williams Bascopé Laruta, sobre la crisis en la Justicia, dijo a EL DIARIO que este es un tema pendiente del actual Estado porque no se ha logrado resolver la retardación, la dilación en los procesos judiciales y menos la corrupción.

La afirmación la hizo a pocas horas de que el mismo presidente del Estado, Evo Morales, dijera en su discurso por el aniversario de la Independencia de Bolivia, que la Justicia es un tema pendiente y que para analizarlo convocaría a una cumbre de Justicia, la misma que no tiene fecha.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a través de su representante en Bolivia, Denis Racicot, expresó su preocupación por los problemas estructurales y de larga duración en la administración de justicia, que no solo persisten sino que se agravaron durante el año 2014.

Durante la presentación del “Informe 2014 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia”, Racicot insistió en señalar que los problemas estructurales y de larga duración de la justicia no solo se mantienen sino que en muchos casos se agravaron durante el 2014, “de hecho es uno de los informes más preocupantes”.

En criterio de Bascopé, la crisis en la justicia es un tema pendiente para el “proyecto de Estado que ha propuesto el Movimiento Al Socialismo” porque la elección de autoridades judiciales, a través del voto popular, no ha sido la solución, por el contrario “ha ahondado en la crisis”.

“Ahora, más que lamentarnos, el Gobierno tiene que poner políticas serias y que, además, esas políticas tengan la voluntad del Gobierno. En ese contexto, la crisis judicial no se va a resolver a partir de una cumbre. Ya existió una cumbre donde se identificó los pormenores de la justicia”, afirmó.

Pero, para encarar una solución seria sobre la crisis en la justicia, dijo que se debe enfocar el tema de la retardación, la cantidad de casos que no se resuelven, la exagerada dilación que se tiene en los procedimientos y, especialmente, la corrupción.

“Eso se lo va a resolver de manera seria cuando el Gobierno asigne un buen presupuesto económico para el sector judicial, es decir, tiene que implementar más operadores de justicia, más fiscales, más investigadores, además de infraestructura, tema logístico y operativo para todas estas instancias”, afirmó.

A este panorama, sumó la gran carga procesal que tienen los operadores de justicia, en especial en las grandes capitales y un tema que dijo debe abordarse es el trato salarial que debe darse a estos funcionarios para que no caigan en manos de la corrupción.

“En ese sentido, el tema de la justicia no lo vamos a resolver en dos o tres años, es un proyecto a largo plazo; a mediano plazo es unos diez años para consolidar la institucionalidad. Reiteró que un presupuesto y voluntad política son indispensables”, sostuvo.

ESTRUCTURA DELICTIVA

La autoridad que se refirió al tema de la justicia con dureza fue el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien afirmó en una conferencia de prensa que no es difícil modificar las normas sean sustantivas o de contenido, el problema es atacar la estructura de poder que funciona en la justicia, la cual está basada en la extorsión que involucra a jueces, fiscales y abogados.

“Hay un circuito de extorsión que involucra a jueces, fiscales, abogados y mientras no se desestructure ese núcleo de extorsión, el sistema de justicia con estas leyes, con otras leyes nuevas seguirá siendo el mismo. Entonces golpear esa estructura extorsiva pasa por establecer investigaciones y responsabilidades de quienes están comprometidos en una suerte de consorcios jurídicos que negocian con la justicia”.

PROPUESTA

Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, en mayo pasado, dijo, al respecto, que esa entidad tiene una propuesta de ocho puntos para que sean tratados en la Cumbre Judicial, instancia en la que se pretende resolver la crisis judicial.

Afirmó que el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia considera necesario hacer referencia a las formas en que se manifiesta esa crisis judicial; para luego examinar las causas y perfilar las posibles soluciones.

Recordó que por esa crisis estructural, el Presidente anunció la convocatoria a la Cumbre Nacional de Justicia, para analizar y discutir el tema y perfilar soluciones concretas.

En tanto que, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, aclaró que surge la necesidad de renovar y reestructurar una propuesta para resolver la crisis en la justicia, a través de la Cumbre de Justicia.

Jiménez informó que la propuesta del Colegio de Abogados ya fue elaborada y se la hizo llegar al Ministerio de Justicia esperando que la misma sea considerada en el evento.

Entre los puntos más resaltantes de la propuesta está la elección de autoridades del Poder Judicial por mérito propio y no así por voto universal, factor incidente en la crisis del sistema judicial; que a través de mecanismos que el propio Gobierno establezca, se conforme una Comisión integrada por el Ministerio de Justicia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Colegio de Abogados y otras instancias.