Pierde independencia Derechos Humanos

El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) perdió su independencia, al menos esto se puso en evidencia en el caso Porvenir. Los dos abogados de la institución presentaron el 4 de agosto el desistimiento de la institución para continuar el juicio contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, pero el viernes 7 fueron desautorizados, al resolver el Comité, presidido por Yolanda Herrera, continuar con el proceso.

Tratándose de dos profesionales respetables, es imposible que hubieran actuado por su cuenta para presentar el desestimiento a nombre de la APDHB. En este caso, los doctores Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente han tenido que recibir las instrucciones necesarias de las autoridades de la institución para proceder de esa forma.

En consecuencia, lo que ha ocurrido es que el Comité Ejecutivo cambió de opinión porque recibió órdenes o recomendaciones externas para modificar la posición que asumió inicialmente. No habría otra explicación.

El caso merece honda preocupación, porque la APDHB sólo puede justificar su existencia si está fuera de influencias externas, cualquiera sea su género. Más todavía, su labor esencial es promover en el país la defensa de los derechos humanos. Y, en los casos en que éstos son violados, su compromiso es asumir la defensa que corresponda.

Cuando un organismo de tal naturaleza pierde su independencia, entonces deja de cumplir la función que explica y justifica su creación. Explícitamente, se torna en un instrumento susceptible de ser influenciado y, cuando sucede algo de esto, lo natural es pensar en que pasó a ser un organismo burocrático más.

En términos de interés público, la intencionalidad que hubo de crear la APDHB queda totalmente desnaturalizada, porque no cumple leal y éticamente con la razón que motiva su pervivencia. Al haber llegado a situación tan deplorable, será mejor poner un candado a sus puertas y no comprometer a su personal en funciones que no responden a las necesidades que originaron su nacimiento.

Esta situación se produce justo cuando más indispensable es contar con un organismo de esa índole, debido a que con inusitada frecuencia se producen atentados contra los derechos humanos, empezando por lo más elemental, que es emitir juicios que desvalorizan a las personas y a las instituciones y concluyendo en poner en riesgo sus garantías legales y la seguridad de su existencia.

La defensa de los derechos humanos, por lo demás, tiene que manifestarse en impedir que ni siquiera se haga vivir a las personas e instituciones bajo las sombras del temor y la amenaza. Pareciera extremar las opiniones que se emitan al respecto, pero, en rigor de verdad, el derecho a la paz permanente queda afectada con sólo suscitar la existencia de tales índoles.

Ante la eventualidad de que surjan tales estados de ánimo, son ya violatorios a los derechos humanos, porque el ser humano es muy sensible a vivir en condiciones que de alguna manera limiten su tranquilidad más íntima, la que, en cualquier circunstancia, resulta ser la primera víctima de la falta de respeto a los derechos de una sociedad. La paz es el don más preciado que tienen y, por tanto, es el que la mantiene bajo los términos de los derechos humanos que le otorgan la Constitución y las leyes.

Las alteraciones que sufran estos derechos elementales inducen a establecer un clima de inseguridad, lo cual conspira para conservar la pacificación social, pues el temor, el miedo, son ya indicios de que algo peor puede sucederles a las personas y a las instituciones de actividad pública.

Precisamente, las APDHB en todos los países tienen como primera obligación y responsabilidad intervenir en cuanto posibilidad surja de poner en duda, más grave aún, en los casos que generan malestar y riesgo en los pueblos que, con legítima propiedad, esperan desenvolverse normalmente en ambientes donde estas organizaciones se ocupan de precautelar que no hayan alteraciones en la vigencia plena del respeto a los derechos humanos.