Foods Company devolvió dinero a la Policía

Pese a la devolución de los más de cinco millones de bolivianos a cuenta de la Policía Nacional, los representantes de la empresa Foods Company fueron aprehendidos e imputados por la Fiscalía desde donde se informa que esa acción no termina el delito, pues lo que se investiga es el supuesto dolo al momento de efectuarse el contrato que se afirma tiene un sobre aún no calculado.

Grober Vargas, presidente del directorio, y Marcelo Ghetti, gerente general de Foods Comapany, fueron aprehendidos el lunes pasado en Cochabamba de donde fueron traslados hasta dependencias de la Fiscalía de Distrito de La Paz, donde prestaron su declaración ante la comisión de fiscales.

El abogado de la empresa, Sergio Arze, señaló que los ejecutivos no infringieron la ley y desconocen de las irregularidades que se habrían cometido en el proceso de licitación al que se presentaron, por la venta de 83.000 quintales por 25 millones de bolivianos, de los cuales cinco fueron desviados.

Sobre esta cifra, con fotocopia de cheque los cinco millones, Arze, informó que la empresa devolvió el dinero a la Policía Nacional.

Sin embargo, no se tiene explicación sobre las razones por las cuales el contrato fue modificado en la cláusula sexta que dio lugar al irregular desembolso de dinero.

AMPARO

El primero de junio, Foods Company presentó un amparo constitucional, en rechazo a la recisión de contrato que se dio por orden del entonces comandante de la Policía Nacional, general Luis Cerruto. La autoridad judicial determinó negar la acción a la empresa y el contrato está anulado.

BALDIVIESO

Por otro lado, ayer el juez en suplencia, primero cautelar en lo penal, Román Castro, determinó la detención domiciliaria del general Hugo Baldivieso, que fungía como director administrativo de la institución del orden.

Baldivieso es señalado de direccionar, mediante su apoderada en la adjudicación del contrato a las dos empresas investigadas, modificando el contrato, aprobando el sobreprecio y removiendo al personal de las unidades donde el contrato debió tramitarse.

El general niega toda participación y asegura que no firmó ningún documento. También señalo que Paola Ergueta, su asesora, haya contado con poderes especiales para ejercer presión sobre los subalternos, como lo declaró el jefe de activos fijos, Felipe Loza.

La Fiscalía observó la decisión del juez Castro, por el hecho de que no se impuso ninguna otra medida como lo hizo con el general Cerruto, a quien se le impuso una fianza de 80.000 bolivianos y el arraigo.