El diputado Tomás Monasterio (Unidad Demócrata) acusó al presidente de YPFB, Guillermo Achá, de haber actuado con negligencia y permisividad con relación al empresario José Luis Sejas Rosales, acusado por narcotráfico en Argentina y principal proveedor del servicio de transporte de la estatal petrolera.
En este sentido, el legislador puntualizó que la propia presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, hubiese admitido en una entrevista en un diario nacional que la estatal petrolera incurrió en graves errores al no solicitar los antecedentes penales de las empresas que le prestan servicio de transporte.
En segundo lugar, Monasterio presentó a los medios de prensa tres copias legalizadas de contratos entre YPFB y las empresas Creta SRL, Seal Cargo y JAC La Sierra, como prueba del monopolio instrumentado por Sejas Rosales para beneficiarse del servicio de transporte de combustible.
“La empresa Creta tiene como responsable a José Luis Sejas Rosales; Seal Cargo a Carmen Ana Vargas de Sejas, su esposa; y transporte JAC La Sierra a Alejandra Sejas Vargas, su hija. El presidente de YPFB quería pruebas del monopolio y acá le presentamos copias de tres de 30 contratos que tiene esta familia con la estatal, con lo que se comprueba que los contratos se repartían en una sola familia y no permitían que otros empresarios bolivianos puedan prestar el servicio”, explicó el parlamentario. (ANF)
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