El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó ayer que desde la cartera que regenta impulsará la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país, en el marco de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que data de 2013, misma que ya fue observada por las organizaciones en cuestión.
“Haremos una publicación de manera general, de cuáles están autorizadas. Hay que hacer una fiscalización sobre el objetivo que tienen estas entidades y si hay diferencias pueden ser susceptibles de la sanción o anulación. Como Ministerio registramos y les damos personería jurídica en función de documentos, ahora el funcionamiento debe ser parte de la fiscalización que no lo hace Autonomías. Hay un sinnúmero de actores que pueden hacer esa fiscalización, (nosotros) simplemente proporcionaremos toda la información transparente del listado”, explicó la autoridad.
Siles aclaró que su Ministerio enviará a las instituciones del Estado “con capacidad fiscalizadora”, entre ellos asambleístas legislativos, la información sobre el estado reglamentario de las ONG que tienen registradas, para que se verifique la función para la que fueron creadas y, posteriormente, tomar en cuenta “las recomendaciones y afirmaciones” realizadas por el vicepresidente García Linera al iniciar esta semana, para asumir acciones.
“Si estas no cumplen con el objeto para el que fueron creadas entran en una irregularidad; trabajaremos sobre nombres específicos que dio a conocer el Vicepresidente, y sobre esa base, pronunciarnos. Primero, identificaremos de manera precisa los nombres de las ONG, luego tomaremos decisiones. Y el proceso lo iniciaremos inmediatamente, por eso estamos con el listado en mano”, puntualizó.
Acusó a cuatro ONG, entre ellos Cedib , Cedla y las fundaciones Tierra y Milenio, por “mentir” y “realizar trabajo político partidario”.
DATOS
El Ministerio de Autonomías agrupa a dichas organizaciones en tres categorías: Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Entidades Civiles Sin Fines de Lucro.
De momento, 26 fundaciones se hallan en trámite para modificar su reglamento y estatutos, entretanto, 41 se encuentran consignadas como entidades sin fines de lucro. Las consignadas en el Ministerio de Autonomías son las autorizadas para funcionar en el territorio nacional.
El ministro Siles aclaró que existen otras organizaciones que poseen sólo alcance departamental, mismas que deben registrarse en las gobernaciones.
COERCIÓN
Al menos, seis mecanismos de “estrangulamiento” de parte del Gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y fundaciones fueron identificadas por la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui.
No es precisamente preocupación, sino “decepción”, la sensación que tiene Eróstegui cuando se vive un nuevo momento de lo que ella llama “ataque” que sufren las ONG, porque muchas autoridades gubernamentales fueron, en el pasado, parte de estas instituciones, según un reporte de ANF.
En su criterio, las seis maneras que usa el Gobierno para “asfixiar” a las ONG son las restricciones impositivas, las multas que reciben, la búsqueda que les hacen de todo tipo de información, el ataque a sus fuentes de financiamiento, las dificultades establecidas en la Ley 351 y los ataques políticos.
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