El sobreprecio que existe en la compra, que se pretendía hacer, de más de 83.000 quintales de harina y azúcar para la dotación a los efectivos de la Policía Nacional, fue observado por el presidente, Evo Morales, durante una reunión con el Estado Mayor de la Institución del Orden.
El dato fue revelado ayer en Cochabamba por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien fue consultado sobre la intervención que anunció el Ministerio de Transparencia.
Romero detalló que en esa reunión, el Presidente observó que el precio referencial, de 280 bolivianos, que figuraba en los informes, no correspondía al del mercado, por lo que encomendó efectuar una nueva cotización al Alcalde de Montero, siendo que en esa zona se producen parte de estos productos.
Luego de comprobarse un sobreprecio en las cifras, sin detallar el monto por unidad, se procedió a la anulación del contrato con las empresas, Foods Company y Orgánica del Sur Srl, con las cuales se había pactado un contrato por 25 millones de bolivianos.
En junio, Foods Company planteó un amparo constitucional por considerar que se infringió sus derechos. La acción legal le fue denegada.
El viernes siete de junio, el excomandante de la Policía, general Luis Cerruto, fue detenido y sometido a detención domiciliaria y a una fianza de 80.000 bolivianos.
Cerruto descargó toda responsabilidad en su camarada, el general Hugo Baldivieso, señalando que este tenía a cargo todo el proceso de contratación y era responsable del movimiento de personal que se dio en las unidades correspondientes.
Baldivieso, por su lado, también con detención domiciliaria, desde el martes, aseguró no haber firmado ningún documento y que el cambio del personal que aprobó el contrato era de potestad de Cerruto.
El Ministerio Público investiga la modificación de una de las cláusulas del contrato luego de que este fue firmado. La modificación dio lugar al desembolso irregular, de cinco millones de bolivianos, que han sido devueltos por Foods Comapany, pero no modifica la investigación del delito.
La Fiscalía tiene a 15 personas investigadas, tres de ellos son los representantes de la empresas, que fueron aprehendidos en Cochabamba y remitidos a La Paz, para prestar declaración y ver si son sometidos a detención preventiva.
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