Contrato de abastecimiento de víveres fue alterado en la Policía

Según la información brindada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y las declaraciones de los ejecutivos de la empresa Foots Comapany, el sobreprecio y la modificación del contrato, en la cláusula sexta, para el desembolso de Bs 5.000 millones fue efectuado en los niveles de control de la Policía Boliviana.

Ayer la juez primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Grover Vargas y Marcelo Guetti, ejecutivos de la empresa Foods Company, por considerar que subsistían los riesgos procesales de obstaculización a la investigación, dentro del caso abierto por el supuesto sobreprecio y falsificación de documentos en la compra de víveres para la Policía Nacional, de 83.000 quintales de harina y azúcar. Los delitos que se les imputa, son uso de instrumento falsificado y contratos lesivos al Estado.

ADELANTO

Durante los alegatos, el Ministerio Público reveló que Antonio Zamo Mamani, asesor jurídico de la Dirección Nacional de Finanzas, declaró que fue a instancias del general Hugo Baldivieso y su asesora Paola Ergueta, que se modificó la cláusula sexta del contrato, para ingresar en el texto la figura de pago adelantado de Bs 5 millones de un total de 25 por la “póliza de garantía de buena inversión”.

Según René Galindo, abogado de los ejecutivos, la determinación de la detención preventiva fue arbitraria por parte de la juez Delagadillo, tomando en cuenta que las declaraciones de Zamo y Felipe Loza, jefe de Activos Fijos, señalan al general Baldivieso como el gestor de las irregularidades, que derivaron en el desembolso de los cinco millones.

SOBREPRECIO

Por su lado, el ministro Romero aclaró desde el miércoles, que durante una reunión del Estado Mayor de la Policía, en la que estuvo presente el presidente Evo Morales, fue él quien observó sobre el precio elevado que figuraba en el contrato que era de 299 bolivianos y encomendó al Alcalde de Montero una nueva cotización con precios referenciales que en ese momento no pasaba de los 270 bolivianos.

Es a partir de esta observación que el Comando General de la Policía, ya al mando del general Édgar Tellez, interpone una denuncia penal contra funcionarios y efectivos de la institución además de los representantes de las empresas, debido a que se considera que existe un sobreprecio más el desembolso de los cinco millones de forma irregular.

Sobre este aspecto, Galindo insistió en señalar que como empresarios, sus clientes recibieron una invitación directa y el contrato se firmó en base a un costo tope, impuesto por la misma Policía, de Bs 300.

El precio que ellos ofertaron era de Bs 299 porque al costo referencial de Bs 270 se le debía sumar los costos de transporte, almacenaje y facturación.

Al momento, se tienen investigadas al menos 15 personas, entre ellas, los generales Luis Cerruto y Hugo Baldivieso, señalados como las autoridades que tenían el poder para realizar el movimiento de personal y la aprobación de las cláusulas.

En cuanto al desembolso de los cinco millones, este se dio en favor de la empresa Foods Company, luego de ganar el contrato, los empresarios afirman que el pago se realizó mediante una solicitud de adelanto efectuado a la Policía, basado en el artículo 19 del DS 181 sobre normas básicas de adquisiciones y servicios, que establece el pago de hasta un 20 por ciento.

Negando que el pago se haya hecho mediante la modificación del contrato con la cláusula sexta.

En el contrato, se estipulaba un pago total contra entrega, lo cual, para el Ministerio Público, resulta sospechoso, y se señala que el fondo de la investigación es el supuesto dolo en la formulación del contrato y la autorización del desembolso.

Por su lado, el ministro Romero informó que este tipo de adquisiciones se hacen bajo la coordinación de varias instancias, incluida el Ministerio de Transparencia, pero negó que se conozca aun en qué nivel o que autoridad fue la directa responsable del supuesto sobreprecio de los quintales de harina y azúcar.