Marginamiento de connotados comunicadores

La libertad de prensa y de información presenta este año 2015 un agravamiento de las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación. La renuncia a su fuente de trabajo de la periodista Amalia Pando en radio Erbol y la rescisión del contrato a John Arandia en Cadena A se deben a claras presiones del Gobierno como reacción a la labor fiscalizadora desarrollada. La periodista Pando difundía su programa En Directo, y Arandia “Todo a pulmón”, uno y otro con gran público. La primera se desempeñó en Erbol durante diez años y Arandia también por largo tiempo.

Ha precedido a dicha situación el despido de Enrique Salazar en “Que no me pierda” de Red Uno y por parecidas circunstancias la no renovación de servicios de Andrés Gómez como director de Erbol, no hace mucho, agudo crítico y comentarista. La opinión pública fue duramente impactada por este sacudón de alejamientos que viene a mermar notablemente la libertad de expresión y el derecho a información sin cortapisas oficialistas.

Sin embargo, dio lugar a un sinceramiento oficial a cargo del vicepresidente Álvaro García Linera, quien reconoció que el Gobierno no sustenta económicamente a los medios que considera adversarios. Tildó a éstos de “hacer política y mentir”. El Gobierno suprime metódicamente la publicidad a los medios que considera desafectos. La asfixia impuesta de esta manera significa la agonía lenta del medio sindicado y es el motivo por el cual Amalia Pando prefiere alejarse definitivamente este fin de mes de la radio católica que le servía de palestra. Puso de ejemplo al matutino Página Siete que pese al alejamiento del ex director Raúl Peñaranda sigue marginada de la publicidad oficial.

Los voceros del Gobierno dicen no ser responsables de las renuncias y tampoco admiten que éstas se generan en la autocensura que, en mayor o menor grado, es la pauta común y actual de los medios de comunicación. Estamos ante una impronta u ola común de los gobiernos asentados en el socialismo del Siglo XXI frente a la prensa independiente. Lo vemos en Argentina, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esta actitud se refiere de modo principal a la limitación o prohibición de licencias de importación de papel, concesión de frecuencias de radioemisoras y televisión y a la supresión de la publicidad estatal. Esta política anti informativa es característica de los regímenes autoritarios en vías de convertirse en totalitarios.

Las declaraciones del personero autorizado del Ejecutivo reflejan la violación en la que incurre el Gobierno a una serie de convenciones internacionales de las que es signatario el Estado boliviano: Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969, Convención de Chapultepec y de la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; todas de amparo y garantía a la libre difusión de ideas e información en el continente americano. Por supuesto, además de disposiciones claras y concretas de la Constitución Política en vigencia.