Encuentro para aplicación de Ley 348 “Por una Vida Libre de Violencia”

El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, desarrolló el Primer Encuentro Regional con gobernaciones y municipios para la aplicación de la Ley 348 “Por una Vida Libre de Violencia”, en la que participaron autoridades de gobernaciones y municipios de La Paz, Oruro y Potosí.

“Estamos enfocándonos en el tema de presupuesto. El reglamento de la Ley General 348 para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres establece que los gobiernos autónomos deben ejecutar el 30 % de los recursos de seguridad ciudadana”, resaltó el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez.

Indicó, además, que para este año la ley establece la implementación de las casas de acogida de los gobiernos departamentales autónomos, y por parte de los gobiernos municipales, el fortalecimiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). “Implementaremos la ejecución que es un mandato de la Ley 348 y su Reglamento” que la mayoría de las gobernaciones lo harán y que invertirán parte de su presupuesto según la normativa vigente.

Conforme a la corresponsabilidad “tanto a nivel central, departamental y municipal para consensuar un trabajo efectivo”, la normativa establece un encuentro que se efectuará el lunes 24 de este mes en la ciudad de Cochabamba, y que concluirá con un evento nacional en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el próximo 28 de agosto.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, tras su alocución, destacó la amplia participación de las autoridades departamentales y municipales con sus equipos técnicos.

El Ministerio de Justicia, como ente rector de la misma, tiene como responsabilidad coordinar y vigilar la efectiva aplicación y cumplimiento de la ley.

JUECES CONCILIADORES

“El Gobierno nacional determinó que los jueces de conciliación designados en julio pasado, no ejercerán todavía sus funciones debido a que la Ley 232 posterga la fecha de vigencia de los ‘códigos Morales’ emanados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hasta el 6 febrero del próximo año”, enfatizó la autoridad.

Dijo que los conciliadores analizarán la disposición de las organizaciones no gubernamentales, porque así lo dice la ley. “La normativa entrará en vigencia el 6 de febrero y, después por supuesto, seguirá el análisis para que haya una suspensión, y después de febrero, ya se pueda ver”, declaró.

La mañana de ayer se reunió en la Asamblea Legislativa Plurinacional una comisión de alto nivel conformada por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, además del procurador Héctor Arce y autoridades del Órgano Judicial y Consejo de la Magistratura, en la que se consideró la situación de los conciliadores y los códigos Procesal, Civil y Familia (códigos Morales).

El 13 de julio fueron designados 153 jueces conciliadores con la misión de evitar que los procesos de asistencia familiar, deudas y herencias, entre otros, lleguen al sistema judicial y se resuelvan con el diálogo de partes.

EL PAGO

Otro de los argumentos expuestos por Velasco es que la ley aún no está reglamentada, por lo que “no hay uno de (juzgado de) conciliación que tenga una sala especializada donde se tiene un juez conciliador, un secretario, un auxiliar oficial”, según la ANF.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, manifestó el jueves que los jueces en cuestión no podrán cobrar sus honorarios hasta que entre en vigencia la norma, a pesar de que aquellos funcionarios ya fueron designados y capacitados para ejercer funciones como conciliadores desde el 7 de agosto.

La vocera de los profesionales, Nelly Ramírez, afirmó que como alternativa a este problema sus colegas piden que se les reasigne funciones en la socialización de las normas hasta que entren en vigencia el 6 de febrero. En julio, el Consejo de la Magistratura nombró a los 157 conciliadores; 37 para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí, seis para Beni, dos para Pando y a diez para Chuquisaca, Oruro y Tarija.

Sobre la aplicación de los códigos Civil y Familia, Velasco sostuvo que estas normas deben ser socializadas en todas las instancias judiciales y, principalmente, ante la sociedad. Esos documentos también entrarán en vigencia a partir de febrero de 2016.

“No se ha podido socializar y lo vamos a hacer, y cada uno (de los funcionarios) ya tenemos la tarea conjunta, en coordinación con el Órgano Judicial, con la Asamblea (Legislativa) y el Ministerio de Justicia”, manifestó. En esa línea, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que la socialización de los ‘códigos Morales’ tropezó con varios problemas. “No fue ideal ni suficiente; la población prácticamente no estaba en conocimiento de este nuevo Código Civil, en fin, una serie de falencias que en estos seis meses se pretende enmendar”.

DIFUSIÓN DE LA NORMA

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que la capacitación de los funcionarios de la administración de justicia en el ámbito civil, será parte de los cursos de formación a los jueces.