ONG demandan norma única que no afecte su derecho a asociarse

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociadas en la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), demandaron ayer al gobierno de Morales la aprobación de una nueva ley “única y clara”, que no afecte su derecho a la libre expresión y a la asociación.  

“Planteamos al Gobierno que hayan reglas claras, que haya una norma única que pueda establecer nuestra acción, sin afectar los derechos de asociación y expresión, que haya un entorno propicio en el cual se cumplan estos compromisos de derechos de protección, de los derechos humanos en general y en particular la de asociación y de expresión”, dijo la directora ejecutiva de Unitas, Susana Eróstegui, en declaraciones a Erbol.

Estas afirmaciones surgen después de que en pasados días el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a algunas organizaciones no gubernamentales de hacer política e incluso amenazó con expulsarlas del país. Según Eróstegui, la idea ahora no es confrontarse con el Ejecutivo, “pero hay que defenderse cuando a uno le señalan de cuestiones que afectan sus derechos, porque aquí no se defiende a instituciones en particular, se defiende los principios de nuestra sociedad”.

“Y es por eso que se está planteando hacer una nueva ley de ONG, pero en el marco de que sería específica solamente para estas organizaciones no gubernamentales, la norma que está vigente actualmente es la Ley 351, que ha sido analizada por distintas instancias jurídicas y el mismo Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta norma está en contra de la libertad de asociación y además poniendo en situación de indefensión a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro e incluso organizaciones sociales”, remarcó.

Explicó que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 351 fue presentado bajo dos argumentos. El primero cuestiona la intención que esa norma tiene de “subordinar o alinear toda la acción de las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro, además de organizaciones sociales, al plan nacional del Gobierno”. La segunda observación es que cualquier instancia puede denunciar a una organización y el propio Órgano Ejecutivo es quien le puede revocar su personería jurídica.

“Entonces en ese segundo punto no habría el debido proceso para que se investigue a la organización denunciada  para luego sancionarla, por tanto, se está afectando gravemente a los derechos de las instituciones y esa es la norma que está vigente, esperamos que más bien se la revise y ojalá se cree una norma única y clara con participación de los actores directores”, agregó.

Sobre la supuesta inconstitucionalidad de esa ley, según Eróstegui, incluso el Relator Especial de Naciones Unidas sobre libertad de asociación y reunión pacífica ya presentó al Tribunal Constitucional su respaldo a lo que el Defensor ha planteado inicialmente.

“El Relator coincide exactamente en que es inconstitucional (esa Ley), entonces hemos llegado al techo máximo de lo que es la alta autoridad sobre libertad de asociación, que le dice al Estado boliviano: usted está cometiendo una infracción en este tema. Si eso se revisa fríamente, si se toma en cuenta eso y se quita esta idea de control y fiscalización, que está por demás demostrado que se cumple con la rendición de cuentas, tal vez podamos llegar a un acuerdo de una nueva mejor norma”, apuntó.