Montero
El agresor fue detenido y remitido a la carceleta de Okinawa
(ANF).- El padrastro de la niña de 11 años que dio a luz a gemelos en la ciudad de Montero será cautelado por el delito de violación agravada y su madre será procesada por encubrimiento, anunció este lunes el fiscal de la Unidad de Víctimas Especiales, Miguel Urrutia.
El hecho se conoció luego de que la niña diera a luz por cesárea en el hospital municipal Alfonso Gumucio de Montero. El padrastro a quien se identificó como el autor del embarazo producto de la violación, fue detenido y remitido a la carceleta de Okinawa.
La violación es un delito que tiene una pena de 20 a 25 años de cárcel en caso de que la víctima fuere menor de 14 años, y se agrava a 30 años si la víctima hubiera sido embarazada, tuviera traumas psicológicos a consecuencia de la violación o el hecho fuera cometido por un familiar.
“Estamos pidiendo que el padrastro sea enviado a la cárcel por violación agravada y también acusaremos a la madre de la niña por complicidad porque no denunció este hecho antes, pese a que ella asevera que no se dio cuenta del estado de la menor”, explicó el representante del Ministerio Público.
Según el reporte médico, la niña fue ingresada al hospital con un cuadro de anemia severa por lo que la cesárea que le practicaron exigió cuidados intensivos. Los bebés que dio a luz se encuentran en situación estable, pero la menor debió recibir varias transfusiones de sangre.
El hecho causó conmoción. El representante del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, lamentó que la niña haya sufrido daños irreversibles y que el hecho se haya ocultado impidiendo la reparación de las consecuencias provocadas por la violación. “La madre es responsable porque ella pudo acogerse a lo que determina la ley que establece la interrupción del embarazo, sin embargo, ahora esta situación es irreversible y daña la integridad de una niña que fue vulnerable a la agresión de un violador”, señaló.
La Sentencia Constitucional 026/2014 desjudicializa el aborto producto de incesto, violencia sexual y cuando está en riesgo la vida de la mujer. En el caso de un embarazo producto de violación, la víctima o sus familiares pueden demandar a los servicios públicos de salud, la interrupción del embarazo sin necesidad de una orden judicial y a sola denuncia ante el Ministerio Público.
En el caso de la niña de Montero, se negó a la víctima el derecho a interrumpir su embarazo y se la obligó a continuar con la gestación producto de la violación.
Según la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, cada semana se denuncia un promedio de tres casos de violación a menores de edad, la mayoría ocurre en el entorno familiar y son cometidos por padres, padrastros, hermanos o tíos.
A fines del pasado mes de junio se procedió a la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, embarazada producto de una violación en la ciudad de Santa Cruz. La menor contó con el apoyo de una red de organizaciones que promueve el cumplimiento de la ley en caso de aborto impune. En torno a este caso, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, recordó la vigencia de la “sentencia constitucional mediante la cual se faculta y se protege a una niña cuando ha sido violada y fruto de esa violación queda embarazada”.
El primer aborto de un embarazo producto de una violación fue practicado en la ciudad de Sucre el pasado mes de abril, se practicó atendiendo el pedido de una niña que resultó embarazada tras ser abusada sexualmente por su padrastro.
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