Delegado de Unión Europea defiende labor de las ONG

Timothy Torlot aseguró que los organismos dependientes de la UE continuarán trabajando en el país.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), por su parte, ratificó su compromiso de trabajar por los jóvenes y campesinos.

“Todos los estados fuertes necesitan de sociedades civiles igualmente fuertes”, es la apreciación del jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE), Timothy Torlot, en torno a las Organizaciones No Gubernamentales en el país, luego que la pasada semana el Gobierno boliviano advirtiera con expulsar a cuatro de ellas.

El diplomático aseguró que la cooperación europea continuará en Bolivia, porque registran indicadores positivos, no obstante, reconoció que es verdad que las ONG no son “incondicionales” para los países, tal como mencionó el vicepresidente, Álvaro García Linera.

Torlot explicó el trabajo que desarrolla la UE en Bolivia, en su gran mayoría “pasa directo por el Gobierno” y que en gran parte, va destinado al desarrollo económico local, aspectos de derechos humanos, prevención de desastres y promoción de la democracia, entre otros aspectos. “Estamos apoyando a la sociedad civil”, enfatizó el diplomático.

Aseveró que si la UE recurre a las ONG, “no es para realizar trabajo contra el Gobierno, pero sí en muchas áreas hay un nivel de expertos que no existe en la delegación ni en las autoridades mismas, estas organizaciones poseen especialidades y las utilizamos para entregar nuestros programas”, explicó.

Dijo que como representación de la Unión Europea, buscan involucrar al Gobierno en todos los trabajos que realizan en el país.

Consultado sobre un relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno y las ONG, Torlot sostuvo que esa es una decisión que deberán asumir los mandatarios de Estado, pero, reiteró que la “sociedad civil juega una parte importante en una democracia y en medio de un Estado fuerte”.

CEDLA

En tanto, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas, informó que tras las declaraciones de García Linera, como institución y sin el afán de entrar en polémica, ratificaban su compromiso por trabajar por aquella gente que lo necesita.

“Somos un centro de investigación y seguiremos trabajando en lo que hacemos, en lo que sabemos hacer y porque en Bolivia, se hacen pocas investigaciones en el ámbito del empleo. Tenemos un compromiso que va más allá de este Gobierno y del que venga, es un compromiso con la sociedad, y eso obviamente, permanece en el tiempo”, enfatizó Rojas.

No obstante, aseguró que el Cedla se encuentra a la espera del avance del tema, tomando en cuenta que en esferas gubernamentales se habla de nuevos mecanismos para fiscalizar a las ONG.

El Cedla es una de las organizaciones que lleva más de un año esperando que las autoridades gubernamentales otorguen la renovación de su personería jurídica. “Tenemos el trámite hace más de un año, cumplimos con todo pero no sale, es una cuestión política, es decisión política si se emite o no se emite”, explicó.

Con anterioridad, el representante de la Unidad de Análisis de Políticas Públicas del Cedla, Carlos Arce, manifestó que el Gobierno posee una clara intención de limitar y coartar la libertad de expresión y de pensamiento en el país, con sus ataques mediáticos a las organizaciones no gubernamentales.

«No sólo del Cedla, es un pretexto la ONG; quieren limitar los derechos conjuntos de la población que critique y que interpele las acciones del Gobierno», mencionó.

Consideró que el Gobierno entra en una contradicción cuando dice que su gestión es la fusión del Estado y del pueblo, cuando en realidad no se permite al pueblo hacer política, mediante las demandas laborales o críticas al Ejecutivo.

«El Gobierno no puede arrogarse el monopolio de la política, una autoridad..., eso es violar el derecho de los ciudadanos y además es inconstitucional, nosotros no asumimos esa culpa, porque nuestro trabajo es transparente, pero es una forma de pensar diferente al Gobierno», dijo Arce.

“INCONSTITUCIONAL”

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas de 2013, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Pidió que ésta pueda ser revisada en profundidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.

“Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país”, manifestó Villena.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra de dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.

FISCALIZACIÓN

El ministro de Autonomías, Hugo Siles informó, al finalizar la pasada semana que desde la cartera que regenta impulsará la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país, en el marco de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que data de 2013, misma que ya fue observada por las organizaciones en cuestión.

“Haremos una publicación de manera general de cuáles están autorizadas. Hay que hacer una fiscalización sobre el objetivo que tienen estas entidades y si hay diferencias pueden ser susceptibles de la sanción o anulación. Como Ministerio registramos y les damos personería jurídica en función de documentos, ahora el funcionamiento debe ser parte de la fiscalización que no lo hace Autonomías, hay un sinnúmero de actores que pueden hacer esa fiscalización, (nosotros) simplemente proporcionaremos toda la información transparente del listado”, explicó la autoridad.

Siles aclaró que su Ministerio enviará a las instituciones del Estado “con capacidad fiscalizadora”, entre ellos asambleístas legislativos, la información sobre el estado reglamentario de las ONG‘s que tienen registradas para que se verifique la función para la que fueron creadas y posteriormente tomar en cuenta “las recomendaciones y afirmaciones” realizadas por el vicepresidente, Álvaro García Linera al iniciar esta semana, para asumir acciones.

“Si éstas no cumplen con el objeto para el que fueron creadas entran en una irregularidad, trabajaremos sobre los nombre específicos que ha dado el Vicepresidente y sobre esa base pronunciarnos. Primero identificaremos de manera precisa los nombres de las ONG‘s, luego tomaremos decisiones. Y el proceso lo iniciaremos inmediatamente por eso estamos con el listado en mano”, puntualizó.