Dos inexplicables nuevos incidentes sociales, el primero protagonizado entre mineros cooperativistas en Tacacoma y el segundo entre campesinos guaraníes y fuerzas policiales del gobierno en Takovo Mora, permiten considerar que en algunos sectores oficiales existe un interés poco menos que deliberado para crear problemas al desarrollo del país. Esa sucesión de hechos de “guerra de baja intensidad” (de acuerdo con la terminología contemporánea) deja ver que en el país hay un mar de fondo que bien merece un golpe de timón en las actividades políticas.
En realidad, aparte de la crisis económica que se perfila con márgenes de gravedad, no dejan de preocupar hechos notables ocurridos en años pasados y que, pese a las demandas de la opinión pública, no encuentran respuesta en cuanto al origen de los mismos y quiénes fueron los responsables de la violencia para proceder a la correspondiente sanción de quienes resultaren culpables.
Esos sucesos ya constituyen un rosario de problemas de mayor o menor magnitud, pero que, por su gravedad, en todo caso, pesan en el acontecer cotidiano de la nacionalidad, empezando por los incidentes producidos en Sucre con motivo de la aprobación de la nueva Constitución estudiada por la Asamblea Constituyente (los actos de violencia cometidos sobre algunos campesinos y el episodio lamentable de La Calancha).
Enseguida se recuerda, entre otros, los sucesos del Hotel Las Américas en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la violencia en Caranavi, la represión a los campesinos en Chaparina, el enfrentamiento en Cobija, y recientemente los acontecimientos ocurridos con motivo de las demandas del pueblo potosino, que revelaron que “algo huele mal en Dinamarca”, acudiendo a una conocida frase literaria.
Esos y otros numerosos asuntos sucedidos en últimos años causaron malestar y preocupación en la opinión pública de todo el país y muestran que en una y otra parte del país estallan brotes de insatisfacción que dejan ver que existen causas de fondo sin resolver que estallan en las formas más diversas.
De otro lado, se observa que además de que los diversos hechos sociales no son aclarados y continúan sin solución -ya sea porque no se sabe su origen o porque se rompió la cadena de mando-, los juicios están paralizados y pese a que han transcurrido varios años, no tienen visos de llegar a las sentencias respectivas y permitir una satisfacción a la ciudadanía que espera con impaciencia decisiones definitivas.
La acumulación de problemas sin resolver, la insistencia para cometer otros nuevos, la falta de decisión para aclarar los hechos de violencia, etcétera, ya forman una pesada cadena que, aparte de que afecta la salud pública y ha puesto al Gobierno en un laberinto sin solución, siempre termina con la fórmula de borrón y cuenta nueva, ya sea a corto o largo plazo.
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