Brutalidad policial contra indígenas

La opinión pública ha sido ingratamente sorprendida por las imágenes transmitidas, por los medios de comunicación, de la “brutal” represión política a los indígenas guaraníes en el departamento de Santa Cruz, trayéndonos a la memoria igual conducta en Chaparina, cuando esa “brutalidad” se ejerció contra indígenas marchistas que, al igual que hoy, defienden la conservación del medio ambiental y reclaman por su derecho a ser consultados sobre las acciones económicas en su territorio.

Lo que llama la atención es que el actual régimen de gobierno con ropaje indigenista, por segunda vez, en los ya muchos años de su ejercicio del poder, arremeta con exagerada violencia contra los indígenas, en cuyo nombre gobierna y hace propaganda del supuesto liderazgo del presidente del Estado, de los indígenas del planeta. Es que cada que hay algún evento internacional, como la reunión del G77 y China, la reciente llegada del Papa Francisco y otras ocasiones, se traslada a dirigentes indígenas de varias partes del planeta, a reunirse en nuestro país, por supuesto que con cargo a recursos públicos.

La policía y todo el aparato del Estado ha sido transformado en un aparato represor, pues esa es la política de los regímenes populistas y de carácter autoritario, que no debe permitir ninguna voz crítica u opositora y peor aún, si ésta viene de organizaciones sociales que, como de los indígenas, son según el discurso político oficial la base y razón de gobierno.

La policía, que tiene como misión velar por la seguridad pública y el cumplimiento de la ley, no puede a su vez atentar contra los derechos humanos, constitucionales y civiles de ciudadanos que, desde la Revolución Nacional de 1952, gozan de todos los derechos ciudadanos a plenitud, sin distinción de ninguna naturaleza.

La irrupción de policías en domicilios de los indígenas agredidos, con rotura de puertas, destrozo de enseres domésticos, rotura de vidrios de algunos vehículos de los vecinos de la localidad asaltada, no son otra cosa que actos de vandalismo, que desdibujan la imagen de una institución que debería ser sinónimo de garantía ciudadana.

La presencia de la segunda autoridad del Ministerio de Gobierno en un programa legislativo la noche del pasado miércoles, para justificar la excesiva violencia desatada por la policía contra indígenas, con el argumento de la muerte de un policía en una mina de oro paceña, nada justifica. Así como censuramos la violencia de los comunarios contra la policía que cumplía una disposición de autoridad competente, censuramos la violencia de la misma policía en Santa Cruz, pues ninguna acción violenta, venga de donde venga, puede ser justificada en un estado de derecho, donde deben cumplirse las leyes.

Tenemos la certeza de que en este caso, como en el de Chaparina, sólo serán procesados judicialmente algunos subalternos, pues en el país carecemos de justicia independiente del poder político. Además seguramente como en Chaparina, el principal responsable será premiado con una embajada en el exterior.

Todos los días en el país se producen bloqueos, paros, marchas, etc., que ya son parte de la forma de reclamo de las organizaciones de la sociedad, y que fueron en su momento el medio utilizado por los actuales gobernantes, pues no olvidemos que el presidente del Estado Plurinacional, como presidente de las seis federaciones de productores de hoja de coca en el trópico de Cochabamba, encabezó uno de los bloqueos en una carretera tan importante como la de Cochabamba – Santa Cruz, que resultó la más larga en tiempo y seguramente en perjuicios económicos.

El “maniqueísmo” del actual régimen es propio de los gobiernos de “mano dura”, pues lo que ayer hicieron (los bloqueos) era bueno, y lo mismo que hoy hacen otros es malo.

Evidentemente, es perversa para la ciudadanía la permanente manera de protesta pública, afectando los derechos de otros, pero sí es comprensible, cuando oportunamente no se les escuchó y atendió sus reclamos.

Debemos desterrar de nuestra cultura la violencia en todas sus formas y por todos, y para ello está la ley, que en estos tiempos es utilizada sólo para los poderosos.