Diputado Barral anuncia Amparo Constitucional por suspensión

El diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, anunció que presentará una Acción de Amparo Constitucional contra la resolución de la Cámara de Diputados que determinó su suspensión por 10 meses, sin goce de haberes. Además, identificó vacíos en el Reglamento de Ética.

“Lo primero que se violó flagrantemente fue mi derecho a la defensa, jamás se ha recibido mi declaración en la Comisión de Ética. Segundo, mi jefa de Bancada (Jimena Costa) me denuncia por faltas graves y me sancionan por faltas gravísimas, la Comisión se tomó atribuciones que no tenía. No se valoraron las pruebas que puse”, adujo el legislador suspendido, a tiempo de anunciar sus acciones.

Tras conocer su sanción, deslindó parte de esa responsabilidad a la Comisión de Ética, asegurando que “el reglamento (de ética) está mal hecho”.

“Tiene muchos vacíos, por ejemplo, ahora no puedo apelar a ningún lado, fui el último en enterarme de la resolución, no tengo la resolución, jamás se me ha entregado”. Anunció que luego de presentar su Amparo Constitucional, presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento de Ética de la Cámara Baja, con el objetivo de “resguardar el tema de futuras denuncias”, contra legisladores.

DEBATE

Después que los diputados Jacinto Vega y Amilcar Barral fueron sancionados por faltas disciplinarias, legisladoras de oposición plantearon la modificación del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados, ante los “vacíos” que existen para sancionar a los asambleístas. El primero, es acusado de haber retenido ilegalmente una parte del sueldo de un funcionario mientras el segundo fue denunciado por la presunta violación de dos niñas.

Para las diputadas Rose Marie Sandoval de Unidad Demócrata (UD) y Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC), las sanciones en el Reglamento de Ética no son suficientes para castigar a los legisladores.

La diputada Sandoval afirmó que el reglamento tiene muchos vacíos. “Sólo establece como máximo 12 meses de suspensión y no se procede la suspensión definitiva, porque no somos jueces, ni fiscales (…) Amerita una reforma”, refirió.