El rechazo de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral a la denuncia formulada por Unidad Democrática contra el vocal Idelfonso Mamani, por su falta de independencia para desempeñar su alto cargo, como lo demuestran las fotografías que lo retratan haciendo proselitismo por el MAS en las elecciones de marzo pasado, significa la reedición de la línea de comportamiento del anterior TSE severamente censurado por la opinión pública nacional, provocando su desintegración.
Los argumentos de la Sala Plena giran en torno a que carece de facultades para revisar actitudes anteriores a la posesión de sus miembros y sólo puede analizar las faltas que cometieran en el ejercicio de sus funciones.
Esta segunda parte es precisamente la que compromete la imparcialidad que se espera de los administradores de la voluntad popular, porque si -como ha ocurrido- la mayoría del Órgano Legislativo actúa sectariamente, la supuesta imparcialidad que podría esperarse de un TSE queda desahuciada. Mal debut que frustra las expectativas públicas de que el nuevo plantel supremo electoral podía manejarse con cierta imparcialidad y justicia.
Si no se enmienda la línea seguida por el anterior TSE, que ofreció actuaciones de tan evidente sometimiento al oficialismo como la ratificación de las maniobras de los Tribunales Departamentales de Chuquisaca y Beni para forzar el triunfo de los candidatos del MAS, nada bueno en provecho de la quebradiza democracia del país puede esperarse.
Si la elección en el Legislativo de los integrantes del TSE, con alguna salvedad, no señalaba un desempeño más idóneo y transparente que sus antecesores, la decisión adoptada vendría a confirmar los temores y susceptibilidades de que la administración electoral no mejoraría sustancialmente, así como en todo el complejo aparato de las consultas a través de las urnas, sobre todo, en cuanto a su imparcialidad política.
La experiencia que deja la reciente decisión -que de hecho no abona la mejor imagen del Tribunal en cuestión- debería motivarlo para que si la Ley de Régimen Electoral lo limita a sanearse internamente, proyecte las reformas legales que sean necesarias que aseguren su credibilidad y confianza pública. Visto el carácter inapelable de las decisiones del TSE, se hace necesario que en materias como la que nos ocupa se abra una vía de apelación de sus fallos, en provecho de la aspiración colectiva de una democracia depurada.
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