La demagogia cobra su precio

La debacle política producida a raíz de los acontecimientos de Octubre del 2003, con la caída de Sánchez de Lozada, provocó un vacío de poder que a duras penas pudo sostener Carlos Mesa, hasta que lo rindió la guerra parlamentaria por un lado y sobre todo la presión de los llamados “movimientos sociales” que ya habían enfilado sus cañones para poner en la Presidencia a S.E. el actual mandatario.

Rodeados de un aura de redentores, explotando a los muertos de Octubre pero sobre todo la eterna miseria de las masas, el Movimiento al Socialismo (MAS) creció desde los cocales impulsando un proceso de cambio radical, y ganó ampliamente las elecciones del 2005 bajo la consigna de que se haría un gobierno campesino, indígena y popular. Para tal efecto era esencial acabar con la Constitución neoliberal (la buena Constitución de 1967 y sus modificaciones) y elaborar otra, pero donde consignaron toda una confusa ideología etno-centrista y se aplicaron muchas de las ideas que los más importantes líderes del MAS habían tomado de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) donde se cobijaron y se formaron.

Aquel cambio constitucional que se promulgó el 2009, que no era otra cosa que una suerte de seguro de vida para los nuevos dueños del Palacio, se excedió en sus principios populistas. El MAS engrió a los campesinos y a los indígenas redactando una Constitución demagógica e inaplicable, y ahora, en el momento de la verdad, no sabe qué hacer con ellos ni con la Constitución. Mejor dicho, sabe qué hacer: ignorar la Ley de Leyes de tan difícil y dolorosa parición y dar palos.

Resulta que pasado el tiempo de los aplausos por las nuevas libertades constitucionales -aquellas que dejaron asombrados a americanos y europeos por su presunta grandeza- el Estado Plurinacional se da cuenta que está atado de pies y manos con tan dadivosas concesiones para los pueblos indígenas, y cae en cuenta que el resultado de tanta pirueta constitucional no ha logrado otra cosa que parcelar Bolivia. Porque no existe ni un Estado Federal, ni un Estado Autonómico, sino un Estado Parcelado.

Hoy ese Estado no puede explorar un territorio en busca de yacimientos mineros y menos explotarlo sin la anuencia de los indígenas originario campesinos. No se puede hacer un camino, ni un puente, ni un gasoducto, ni tender una vía ferroviaria, sin el permiso de quienes viven en el territorio que será utilizado. Para eso hay que recurrir a la “consulta previa”, que es lo que manda la ley, esa ley expresamente elaborada por el Gobierno con pleno conocimiento de S.E., naturalmente. Es decir que si los moradores de la tierra que se va a transitar o trabajar se oponen al ingreso de una empresa pidiendo una compensación pecuniaria que no corresponde, se acepta el pedido o la obra no se realiza. O más grave todavía: hay que recurrir a la fuerza.

¿Y entonces qué? ¿Qué se hará para explorar nuevos campos de hidrocarburos o para la construcción de alguna represa que proporcione más energía? Para obedecer a nuestra Carta Magna, sabemos que no queda sino la consulta. Pero en una obra de gran magnitud no sólo se deberá consultar a un pueblo indígena, sino, tal vez, a cinco, diez, o más comunidades. La “consulta previa” ahora no es del agrado de los actuales gobernantes, que modificaron a la carrera el texto constitucional en el Palacio y lo hicieron aprobar con su mayoría en la Asamblea Constituyente. Tan no es de su agrado que en vez de consultar han preferido repartir gases y patadas.

S.E. ya ha dicho que eso de consultar no es sino una pérdida de tiempo que malogra cualquier operación grande. Seguramente que tiene razón, pero una razón tardía, extemporánea. Lo ha demostrado con el Tipnis, que es una verdadera vía crucis y que no se sabe en qué terminará. Y ahora está en lo mismo con las prospecciones de hidrocarburos, cuando el país necesita desesperadamente aumentar sus reservas en vías de agotamiento para poder cumplir con sus compromisos internos y externos. La situación es tal y los originarios han tomado tan en cuenta lo que en la Carta Magna les favorece, que el Vicepresidente casi llega a las manos con las ONGs que no sólo piden respeto a la letra de la Constitución sino su estricto cumplimiento. Como sucede con este Gobierno, las ONGs - a las que S.E. les debe la Presidencia- ahora resultan ser enemigas del proceso y se las debe expulsar del país. Tal parece que sucederá con algunas a las que se acusa cínicamente de “hacer política”.

Los puentes de diálogo que pidió el papa Francisco durante su aclamada visita a Bolivia, ha entrado por una oreja y salido por la otra y quienes lo alababan y vitoreaban ayer, hoy han dado paso a la persecución y la violencia.