Takovo Mora, Tacacoma y reclamos de reclusos inquietan al Gobierno

Dos conflictos indígenas, además de las demandas de los presidiarios en el país, marcaron esta semana y pusieron en alerta al Gobierno Central. El incendio en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, que dejó ocho personas heridas, el pasado fin de semana, desató la emergencia en varios penales del país.

Las protestas protagonizadas por los pueblos indígenas guaraníes alcanzaron su punto más álgido el pasado martes cuando fueron víctimas de la intervención policial el momento que desarrollaban un bloqueo en la carretera Santa Cruz-Camiri. Un policía muerto y varios heridos de gravedad dejó el conflicto minero en Tacacoma, provincia Larecaja de La Paz.

INCENDIO EN PALMASOLA

El domingo por la madrugada un incendio del cual aún se investiga su origen sorprendió a los reos del área de las carpinterías en el PC-4, en Palmasola. Desde el ministerio de Gobierno se descartó la muerte de un reo, pese a la versión de la regencia general de la penitenciaria, que aseguraba que había un cadáver calcinado, perteneciente al recluso Carlos Alberto García Villamor.

Tras el suceso, en dicho penal se inició una huelga de hambre que sumó más de 1.000 huelguistas en demanda de mejores condiciones de vida. Exigían un prediario de 25 bolivianos y la construcción de un hospital de tercer nivel al interior del penal. Entretanto, reas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, se sumaron a la demanda de un incremento a los prediarios.

El viernes, los más de 1.000 huelguistas en Santa Cruz determinaron suspender su medida que se extendió por cuatro días luego de arribar a acuerdos con los gobiernos central, departamental y municipal, a través de la Dirección Nacional de Penitenciaría.

Entre los acuerdos el prediario se estableció en Bs 8, pese a que los huelguistas exigían que alcance a Bs 25.

Los huelguistas en Santa Cruz lograron que la Gobernación y la Alcaldía se comprometan a construir un hospital de segundo nivel en Palmasola y más celdas. En cuanto a la terapia ocupacional, el Ministerio de Trabajo y el Régimen Penitenciario coordinarán acciones.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que los internos de Palmasola levantaron su huelga de hambre postergando, para futuras acciones, su pedido de un prediario de 25 bolivianos. “No era razonable pedir 25 bolivianos de prediario”, dijo la autoridad.

TAKOVO MORA

Cuando las protestas de los indígenas guaraníes de Takovo Mora llevaban diez días en rechazo a las exploraciones petroleras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) impulsa en esa región cruceña y exigiendo cumplir con la consulta previa, el pasado martes, la Policía ordenó la intervención a un bloqueo que impedía el libre tránsito entre Santa Cruz y Camiri.

Los dirigentes guaraníes denunciaron que la Policía, tras intervenir el bloqueo de Takovo Mora, irrumpió en sus domicilios para arrestar a los representantes de la movilización que exige que el Gobierno cumpla con la consulta previa a la exploración petrolera en su territorio.

26 personas fueron aprehendidas y puestas en libertad en las horas precedentes. No obstante, la violencia fue cuestionada en esferas políticas. Legisladores de oposición, además de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), denunciaron la firma de un decreto supremo que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 30 sobre Derechos de las Naciones y Pueblos Originarios Campesinos, específicamente, sobre la consulta previa en torno a la decisión de la explotación de recursos naturales.

“Nosotros respaldamos la demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada por el defensor del Pueblo (Rolando Villena) contra la modificación, mediante un decreto, sobre consulta previa. Creemos que este es un derecho que tienen los pueblos indígenas y que la misma Organización Internacional de Trabajo (OIT) manifiesta su respaldo en este ámbito”, explicó la presidenta de la Apdhb, Yolanda Herrera.

Entretanto, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, develó que el presidente Evo Morales emitió diez decretos el pasado 6 de julio, mismos que “ordenan y autorizan la depredación de reservas naturales”.

“Se está autorizando la depredación de nuestras reservas naturales a 20 mil hectáreas por día, es un atropello. La NASA nos envía un informe de que un 167% de los bosques de Bolivia han desaparecido en los últimos años (entonces), esos decretos pecan de inconstitucionales. Los demandaremos, pero ya sabemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), totalmente coludido con el partido de Gobierno, resuelve contra la Constitución”, sostuvo la legisladora a tiempo de aseverar que durante el primer semestre de este año, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se aprobaron contratos petroleros en varias áreas protegidas que no sólo establecen la exploración de los territorios sino también la explotación, por lo que exigió dar cumplimiento a la CPE, en el marco de una consulta previa.

No obstante, desde el Gobierno Central se asevera que las exploraciones que realiza YPFB en la región cruceña se desarrollan en un área privada.

DIÁLOGO

Pese a las contradicciones entre Gobierno e indígenas, los guaraníes se abrieron al diálogo, según la vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Salomé Castillo, dijo que tomaron contacto con el Ejecutivo, luego de la liberación de los indígenas que fueron capturados en el desbloqueo que se ejecutó con el uso de la fuerza pública.

TACACOMA

El sargento de policía, José Luis Quispe Cruz, se sumó a las víctimas fatales de la denominada “guerra del oro”, en el norte del departamento de La Paz.

A media semana, en el municipio de Tacacoma, en la provincia Larecaja, comunarios del lugar procedieron a retomar la cooperativa aurífera Rosario de Ananea, entonces, la Autoridad Jurisdiccional Minera (Ajam) dispuso la intervención de la fuerza pública, porque consideraba que hubo “avasallamiento”.

Tras el refuerzo policial en la zona, los comunarios de Tacacoma determinaron mantener su estado de emergencia y no descartaban un bloqueo de caminos y un cerco, en caso de que los uniformados no abandonaran la región, sin embargo, luego de extensas y tensas reuniones, autoridades de la comunidad y del municipio de Tacacoma lograron abrir la puerta del diálogo en la mina de oro Ananea, la misma que se realizará mañana, lunes 24 de agosto, en la misma región y a la que fueron convocados los dirigentes cooperativistas y los campesinos que están en poder del yacimiento, informó ayer desde el lugar el dirigente Félix Pari.

Entretanto, el Gobierno nacional presentó una querella criminal ante el Ministerio Público contra los autores intelectuales y materiales de la muerte de un policía en ese municipio.

Además, el Comando General de la Policía removió de su cargo, ayer, al comandante departamental de La Paz, José Luis Araníbar. Fuentes no oficiales presumen que la remoción del cargo se debe a los hechos ocurridos en la mina Rosa Ananea, en el municipio de Tacacoma, donde un contingente policial fue emboscado por los comunarios.