Robos muestran falencias en control de seguridad ciudadana

La pasada semana, la población alteña estuvo alarmada por dos robos agravados que dejaron como saldo tres personas fallecidas además de heridos y una cuantiosa pérdida monetaria.

Los dos atracos armados, realizados en horario diurno, ponen en evidencia la debilidad de políticas en seguridad ciudadana, según expresó el representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo.

Cabe recordar que el primero de estos hechos se registró el domingo 16 de agosto cuando una banda delincuencial atracó un domicilio particular de la zona Villa Exaltación llevándose 180.000 dólares en dinero, joyas y oro. El otro hecho fue registrado el pasado miércoles cuando malhechores acabaron con la vida de dos personas en la avenida 6 de Marzo y robaron más de 1,7 millones de bolivianos.

Si bien el Gobierno Municipal, en pasados días, posesionó al Consejo de Seguridad Ciudadana, entidad encargada de implementar diferentes proyectos para subsanar estos problemas, Hidalgo observa que esta instancia no debiera ser recargada a la administración municipal, sino a un equipo especializado en esta problemática con la finalidad de obtener resultados y aplicar políticas concretas.

A ello se suma el temor de que no llegue a definirse una adecuada coordinación entre las instancias de Estado, desde el Gobierno central, el Poder Judicial y la propia Gobernación, quedando aparentemente sólo el Municipio de El Alto para enfrentar dicha problemática social.

“En los hechos, por el momento, vemos que estas instancias, como el Consejo de Seguridad Ciudadana, no han aplicado ningún plan a largo plazo en esta problemática, esperemos que en esta gestión se aplique. Pero al recaer en la responsabilidad de la Alcaldía y, con la infinidad de temas que esta instancia debe atender, podría no avanzar mucho”, señaló.

Además, cabe destacar que el Municipio creó la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Este cargo, a diferencia de la ciudad de La Paz, muchas veces se convierte en un destino más para un funcionario policial de quien no se conoce el perfil y especialidad en esa materia, mientras que en La Paz la autoridad a cargo, si bien es un expolicía, se tienen mayor conocimiento sobre la especialidad que esta autoridad y que se consolida una política a largo plazo que asume el Municipio, indicó.

Otro de los elementos que afecta a la población alteña en temas de seguridad ciudadana es la desaparición de algunas políticas nacionales, como es el plan “Chachapuma”, patrullajes intensivos de efectivos policiales de esta urbe, que si bien sólo eran realizados en zonas urbanas y en el primer distrito municipal, dejando abandonadas las zonas periurbanas de la presencia policial, por lo menos esas políticas permitían mejorar la percepción de la población en términos de seguridad ciudadana y disminuir los hechos delictivos que eran cotidianos.

“Por lo tanto, la gravedad de los hechos de sangre que se han presentado en nuestra ciudad hacen ver la debilidad en la que estamos, porque fueron en el día, delante de varios testigos, haciendo el uso de la arma de fuego sin temor y demostrando con la seguridad en la que estas personas actúan como resultado de tener antecedentes criminales que dañan la propia estabilidad emocional de la población”, expresó.

Para Hidalgo, estos hechos de sangre son concretos y reales, al igual que lo que la gente vive diariamente y sobre todo en horarios tope cuando son víctimas de la inseguridad ciudadana. Por su parte, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, aseguró en una entrevista referida a temas de la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana desarrollada el pasado mes, “que son los medios de comunicación quienes logran aumentar la percepción en la población en los temas de inseguridad ciudadana y que las estadísticas muestran al país en una situación menor en comparación de otros territorios de Latinoamérica”.

Para el representante del Defensor del Pueblo no sólo se muestra la debilidad de las políticas de seguridad ciudadana que debieran ejecutarse a nivel nacional y en las ciudades con alto índice, como es el caso de esta urbe, sino que debe estar acompañada con otra acción del propio Poder Judicial que garantice que este tipo de ciudadanos dedicados a hechos delictivos deben ser sentenciados y al mismo tiempo lograr aplicar al interior de los centros penitenciarios una política restaurativa con la finalidad de que estas personas que delinquen no sean las siempre reincidentes, como se demuestra en los hechos.

A nivel nacional, el centro penitenciario de Qalahuma es el único que está permitiendo que adolescentes de ambos sexos no lleguen a reincidir en delitos, otorgándoles tareas ocupacionales que logren que los jóvenes y señoritas puedan tener la posibilidad de lograr nuevas actividades productivas y no sólo como única actividad de ingreso, el ejercicio de la delincuencia. Siendo la reincidencia del 8%, mientras que en la cárcel de San Pedro la repetición de los privados de libertad en delitos llega a un 80%.